El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad luego de que un fallo judicial ordenara su aplicación inmediata. La decisión quedó sellada en el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. El texto establece los lineamientos del nuevo esquema de pensiones no contributivas por discapacidad.
El Decreto, firmado por el presidente Javier Milei, no es voluntad del oficilismo: responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana. Ese tribunal, en diciembre de 2025, declaró inválida la suspensión de la ley por parte del Ejecutivo y fijó como plazo máximo el 4 de febrero para su implementación plena. Al filo del plazo, el Gobierno la reglamentó.
Uno de los puntos más sensibles es la conversión automática de las pensiones vigentes al nuevo esquema, ahora denominado Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implicará la revisión de miles de prestaciones.
En términos institucionales, la norma centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, con el acompañamiento permanente del Consejo Federal de Discapacidad, un organismo creado en 1996 e integrado por representantes nacionales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil.
El texto, también rubricado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro desregulador, Federico Sturzenegger, aclara que el dictado del decreto no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial. “Sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos”, señala la norma, que entró en vigencia con su publicación.
Reglamentación ley de emergencia en discapacidad by Claudio de Moya
Negativa a aplicar una ley que beneficia a discapacitados
El conflicto se originó cuando el Ejecutivo intentó frenar la entrada en vigencia de la ley, que fue aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado. Lo hizo mediante un veto basado en la supuesta falta de recursos presupuestarios. Pero la Cámara de Diputados insistió con la promulgación.
Y después, el Gobierno libertario la dejó en suspenso con la insólita pretensión de aplicarla solo después de que el Congreso definiera la fuente de financiamiento. Una exigencia que el propio Ejecutivo no cumple con sus medidas, como exenciones impositivas o aumentos de fondos voluminosos, por ejemplo, a la Side.
A la Justicia
La disputa llegó a la Justicia tras un amparo colectivo presentado en representación de dos menores. El magistrado de Campana hizo lugar al planteo, dejó sin efecto la suspensión y ordenó la aplicación inmediata de la Ley N.º 27.793. Si bien el Ministerio de Salud y otras áreas oficiales apelaron el fallo alegando dificultades presupuestarias, el juez otorgó un plazo máximo de 30 días para dictar la reglamentación.
Qué establece el decreto sobre las pensiones
La reglamentación se publicó sobre el límite del plazo fijado por la Justicia y define los requisitos de acceso, los criterios de evaluación socioeconómica y las incompatibilidades del nuevo régimen de pensiones.
El decreto sostiene que la implementación requiere procedimientos formales y controles específicos, cuya ejecución quedan bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora dependiente de Salud.
La normativa también obliga a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación y a presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo de 30 días.
Además, establece mecanismos de articulación con organismos estatales y de la sociedad civil, como el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, con el objetivo de garantizar participación federal.
Trampa en el texto
El decreto aduce restricciones fiscales y aclara que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles.
Tras la reglamentación, el Gobierno oficializó una serie de designaciones clave dentro de la estructura de discapacidad del Ministerio de Salud, también publicadas en el Boletín Oficial.
El médico sanitarista Alejandro Alberto Vilches fue nombrado secretario Nacional de Discapacidad, cargo desde el cual coordinará las políticas públicas vinculadas al sector. Vilches había sido designado en agosto de 2025 como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras el escándalo de las coimas que apuntan a la hermana del jefe de Estado y secretaria Presidencial, Karina Milei.
Como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos asumió el licenciado Gianfranco Scigliano. Estará a cargo del área responsable de la implementación normativa y de la validación de los certificados de discapacidad.
El abogado Esteban Rafael Giler quedó al frente de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, encargada de articular herramientas de inclusión social, laboral y educativa para personas con discapacidad, en coordinación con organismos públicos y privados.
