Un caso de mala praxis concluyó con una indemnización para una mujer que en 2016 fue a parir y en la cesárea le dejaron una gasa, lo que provocó que deba someterse a varias cirugías y que, a 10 años del caso, todavía tenga secuelas. En esta oportunidad fueron hallados culpables la médica, el sanatorio y la empresa prepaga.
El caso sucedió en diciembre de 2016 cuando la mujer dio a luz a su bebé a través de una cesárea programada en un sanatorio privado. Dos días después recibió el alta y se fue a su casa sin complicaciones. Sin embargo, todo cambió tiempo después cuando se dirigió a una guardia hospitalaria por vómitos, cefalea, hipotensión, dolor y distensión abdominal.
Allí, según se expone la denuncia, la damnificada solicitó una tomografía, pero las autoridades de dicho hospital se negaron y la enviaron de vuelta a su domicilio.
Dos meses después de la cesárea los dolores persistían, motivo por el cual se dirigió a otro hospital y en aquel lugar, a través de una tomografía, lograron determinar que tenía una gasa de 30 por 30 centímetros en el abdomen.
Dicho cuerpo extraño fue dejado durante la cesárea y producto del descubrimiento debieron operarla en dos oportunidades de urgencia. Luego, tras su recuperación, la mujer decidió denunciar el acto de mala praxis.
El perito médico designado de oficio dio por probado que le dejaron una gasa en la cesárea realizada. Además, explicó que aun cuando en el protocolo constara un conteo de gasas “correcto”, eso no descarta la posibilidad de que haya quedado material dentro del campo quirúrgico.
Desde el punto de vista físico, el experto determinó que la mujer presenta secuelas y estimó una incapacidad parcial y permanente del 45%, detallaron desde el portal Justicia de Primera.
El magistrado valoró esa pericia como prueba central y recordó que, en materia de responsabilidad médica, “aún la culpa leve puede generar obligación de resarcir cuando se trata de intervenciones que comprometen la salud y la vida del paciente”.
Luego de evaluar los documentos presentados, el Tribunal hizo lugar a la presentación de la damnificada y ordenó indemnizarla por los daños sufridos. La mujer había reclamado más de siete millones de pesos en concepto de incapacidad sobreviniente y ahora el juez determinó que será ese monto, más intereses y costas.
