Lo que durante décadas fue promocionado como el sistema de ahorro inmobiliario más sólido de la región atraviesa hoy su crisis de confianza más profunda. En las últimas semanas, las oficinas de Pilay en Rosario se han convertido en el epicentro de protestas de ahorristas autoconvocados que denuncian una ruptura unilateral de las condiciones pactadas en sus contratos.
El conflicto, que ya escaló al Concejo Municipal y a la Justicia Provincial, tiene como eje principal el cambio de ubicación de las unidades. Cientos de rosarinos que firmaron contratos por departamentos en el radio céntrico de la ciudad se encuentran hoy con una realidad distinta: la empresa les ofrece adjudicaciones en desarrollos suburbanos, principalmente en la zona de Palos Verdes y el complejo Los Pasos, en el límite con Funes, denuncian.
Del centro a la periferia
«Pagamos durante 20 años pensando en un departamento en el centro para nuestros hijos o para tener una renta, y ahora nos quieren mandar a Fisherton o a las afueras, donde el valor de mercado y la logística de vida son totalmente diferentes», expresó uno de los voceros de los damnificados durante la última asamblea frente a la sede de la firma en bulevar Oroño al 100.
El reclamo no es sólo geográfico. Los clientes que ya completaron las 240 cuotas (el plan estándar de 20 años) denuncian que las adjudicaciones están virtualmente frenadas. Según los testimonios recolectados por la ONG Cesyac (Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor), la empresa estaría exigiendo pagos adicionales de miles de dólares para «mantener» la prioridad en zonas urbanas, algo que no figuraba en las condiciones originales.
La respuesta institucional
Ante la magnitud de las protestas, la Comisión de Planeamiento y Urbanismo del Concejo recibió a delegaciones de afectados. Allí reiteraron el reclamo: les hicieron saber a los ediles que constituyen grupos de trabajadores y profesionales que se han visto perjudicados por el incumplimiento de los términos contractuales, particularmente en lo referido a la localización, superficie de las unidades y plazos de entrega.
También mencionaron irregularidades en las adjudicaciones y en la realización de sorteos que, según relataron, no se estarían llevando a cabo. Aclararon que la empresa con la que contrataron continúa activa, desarrolla múltiples emprendimientos, auspicia eventos de diversa índole y mantiene una fuerte presencia pública. En ese sentido, consideran que los incumplimientos no responderían a una situación económico-financiera.
El debate político hoy gira en torno a la presión que el municipio puede ejercer sobre la constructora: los ahorristas impulsaron la posibilidad de suspender nuevos permisos de edificación para los grandes emprendimientos de la firma hasta tanto no se regularice la situación de quienes terminaron de pagar sus planes hace años.
Por su parte, desde la empresa sostienen que los cambios en el Código de Edificación de Rosario y el encarecimiento de los terrenos céntricos hacen inviable el modelo de construcción en lotes pequeños, defendiendo sus nuevos desarrollos de gran escala como una «evolución» hacia una mejor calidad de vida con espacios verdes y amenidades.
Un futuro en Tribunales
Con el diálogo administrativo prácticamente agotado, la vía judicial parece ser el único camino. Ya existen demandas colectivas que buscan:
-El cumplimiento efectivo de la ubicación céntrica.
-La fijación de fechas de entrega perentorias.
-El cese de cobros extraordinarios para adjudicaciones pendientes.
Mientras tanto, los grupos de autoconvocados mantienen el estado de alerta y movilización, advirtiendo que el sistema de «capitalización inmobiliaria» corre el riesgo de perder su activo más valioso: la credibilidad de la clase media rosarina.
