La discusión por la modificación de la Ley de Glaciares entró en una nueva fase de tensión luego de que el oficialismo llevara adelante audiencias públicas que, según denuncian desde la oposición y organizaciones ambientalistas, excluyeron a más del 99% de los inscriptos. En diálogo con El Ciudadano, la diputada nacional Caren Tepp (Unión por la Patria) calificó el proceso como una “farsa” y advirtió que detrás del proyecto de ley que ya obtuvo media sanción en el Senado hay intereses «con nombre y apellido» que buscan acceder a las zonas de mayor protección hídrica del país.
“Estamos hablando que del 100% del territorio cordillerano solamente hay un 1% que es el que ocupan las áreas de glaciares y periglaciares que hoy están protegidas. La explotación minera se puede llevar adelante en el 99% del área cordillerana, pero hay un 1% que se protege porque se entiende que es la principal fuente de agua dulce que tiene Argentina, una de las más importantes del mundo”, explicó Tepp, miembro de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Para Tepp, el corazón de la reforma está en un cambio de fondo: sacar la protección de los glaciares del ámbito científico y dejarla en manos de decisiones políticas discrecionales. “Hoy la ley determina que el criterio de protección está dado por una base de sustento científica. Existe un instituto a nivel nacional que se nutre de la información y el trabajo articulado con todas las provincias, pero que establece cuál es el inventario de las zonas glaciares y periglaciares que por sus características de reserva hídrica tienen que tener este nivel máximo de protección”, explicó la diputada.
Y advirtió: “Lo que se intenta con la modificación de la ley es que de alguna manera eso ya no sea un instituto científico a nivel nacional, sino que cualquier funcionario provincial de tercera línea con su mera firma pueda habilitar que un área glaciar o periglaciar ya no sea protegida y pueda tener explotación de la megaminería”.
Uno de los puntos más críticos señalados por Tepp fue el desarrollo de las audiencias públicas, instancia obligatoria prevista por la Ley General de Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que el Senado omitió y que en Diputados se intentó llevar adelante con serias restricciones: “Se abrió la convocatoria para las audiencias públicas y hubo más de 110.000 inscripciones de todas las provincias del país. A partir de allí empezaron a aparecer una serie de arbitrariedades e irregularidades por parte del oficialismo. De esos más de 100.000 personas que se anotaron, solamente unas 350 o 400 fueron seleccionadas para poder expresar su voz. Estamos hablando que solamente están escuchando al 0,4% de los inscriptos”.
En respuesta a lo que calificó como un “simulacro”, la oposición impugnó formalmente el procedimiento. “Por eso distintos bloques impugnamos la audiencia que se llevó adelante. El 99% de quienes intervinieron denunciaron esta situación de irregularidad y se reservaron el derecho de iniciar acciones legales”, agregó.
La apuesta por la consulta popular
Ante lo que considera una «farsa» de participación, Tepp impulsa junto a otros legisladores un proyecto de consulta popular, un mecanismo previsto en la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 pero que nunca se implementó. «Si no hay audiencia pública, que haya consulta popular», planteó la diputada.
«Dada la cantidad de inscripciones que hubo para la audiencia, hay un interés genuino y legítimo de la población. Esto no puede quedar supeditado a la decisión de solamente los diputados y diputadas que coyunturalmente nos toca ocupar el cargo, sino que tiene que ser un debate de toda la ciudadanía», argumentó.
La legisladora también apeló a las promesas de campaña del presidente Javier Milei: «Él quería que las decisiones trascendentales no las tome la casta política, sino que la tome el pueblo argentino y hablaba particularmente del mecanismo de consulta popular. Bueno, si es verdad y cree en eso, qué mejor debate y discusión que definir qué pasa y qué hacemos con nuestros recursos naturales, con el agua, que es fuente de vida».
Según trascendió, el oficialismo ya definió una hoja de ruta para las próximas semanas. Tras la finalización de las audiencias públicas, el cronograma prevé la convocatoria a un plenario de comisiones (Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales) para debatir el dictamen. Incluso se baraja la posibilidad de una reunión informativa con gobernadores antes de la firma.
«Seguir dando la pelea»
Ante este escenario, la dirigente de Ciudad Futura advirtió que la discusión legislativa sigue su curso y allí el oficialismo necesita sumar voluntades. “El oficialismo tiene sin lugar a dudas sus votos consolidados, pero si bien es la primera minoría, no tiene por sí los votos propios ni para el quórum ni para poder tratar y aprobar la ley. Va a necesitar sí o sí de fuerzas y de partidos aliados”, afirmó.
En ese punto, la legisladora puso el foco en el accionar de algunas bancadas que suelen acompañar al gobierno de Javier Milei. “Hay que preguntarle al bloque de Provincias Unidas cuál es su mirada respecto a este tema, porque han sido de los diputados que en otras votaciones y en otros temas le han dado los votos a La Libertad Avanza para poder llevar adelante determinados proyectos de ley”, cuestionó.
Tepp recordó además que en el ámbito del Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente), el organismo que reúne a los ministros de ambiente provinciales, la votación sobre la reforma arrojó un empate: ocho provincias a favor, ocho en contra y algunas sin expedirse. “En el caso de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, votó en contra de la modificación”, destacó, subrayando una posible contradicción entre esa postura y la eventual actitud de los diputados santafesinos del bloque Provincias Unidas en el Congreso.
“Si todavía no fue tratado y no llegó al recinto es porque el oficialismo sigue juntando voluntades. Recordemos que era un proyecto que estaba previsto para las sesiones extraordinarias y no se llegó a tratar. Así que estamos en condiciones de seguir dando la pelea”, concluyó la diputada.
«Tiene nombre y apellido»
Para Tepp, no hay dudas acerca de quiénes están detrás de la reforma: «Muchos abogados y ambientalistas denuncian que este proyecto de modificación de ley claramente tiene nombre y apellido y está hecho a pedido de algunas inversiones extranjeras concretas que al día de hoy ya están queriendo hacer explotaciones».
La legisladora señaló que en algunos casos esas empresas «han avanzado en zonas prohibidas», lo que generaría «consecuencias irreparables». Y amplió: «Si se avanza en este sentido, cuando uno rompe el ecosistema del área glaciar y periglaciar, por más que después hagamos una normativa que vuelva a tener la intención de protegerlo, ya todo ese recurso natural que se sobreexplotó no se puede volver a generar».
