No es novedad el ensañamiento del Gobierno nacional con los jubilados, pero en Rosario la situación escaló con graves denuncias sobre el intento de cierre, vía desmantelamiento, de los policlínicos Pami I y Pami II. A ello se agrega, según la denuncia del gremio ATE, el ataque a la acción sindical. Lo último incluye la no renovación de contratos a delegados que representan a los trabajadores de la obra social más grande del país.
El último hito local de esa dinámica tiene como protagonista a la secretaria general de la junta interna de ATE Pami en Rosario, Melina Gutiérrez. Trabaja como monotributista desde hace 9 años y dijo que no figura en la lista de las renovaciones de contratos que vencían este martes.
La dirigente precisó cifras sobre el desmantelamiento de la obra social en Rosario, más allá de su situación personal. «A partir del 1º de abril nos han quitado 3.000 cápitas, 1.500 del Pami I y 1.500 del Pami II, para dárselas al sector privado», denunció.
El proceso, dijo, arrancó con el inicio mismo de la gestión liberal en la Casa Rosada. De acuerdo a sus cálculos, ya se dieron de baja en la ciudad cerca de 10.000 cápitas. «Nos están achicando, nos están ajustando. Sin afiliados no trabajamos», redondeó.
Alerta gremial
El posible «despido» de Gutiérrez resonó fuera de los límites de la ciudad. El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, confirmó el estado de alerta por el despido «inminente» de la referente gremial como «una represalia por los reclamos que encabeza».
En la ciudad, hubo este miércoles una movilización frente al Pami I de Sarmiento al 400, que convocó el Frente Intersindical Pami Rosario. Trabajadores y jubilados rechazaron desde las 10 el desfinanciamiento de la salud pública y la persecución gremial.
La delegada Gutiérrez responsabilizó como directo ejecutor local de lo que calificó como desmantelamiento de los policlínicos a Pablo Germán Flores, designado en agosto de 2024 coordinador médico de los efectores propios de la obra social. «Vino a ese negocio, y lo sostengo», dijo de él.
El Concejo tomó nota
El Concejo Municipal de Rosario se pronunció, en la segunda quincena de marzo último, en estado de alarma por la situación que atraviesa específicamente el Pami I. El cuerpo aprobó un mensaje dirigido a las autoridades nacionales en base a reiteradas denuncias por fallas en la atención y deterioro del servicio en la sede céntrica. En el texto, le reclamó medidas inmediatas para revertir el deterioro y asegurar la continuidad de las prestaciones.
El Palacio Vasallo emitió esa señal de preocupación por mayoría, aunque con el rechazo previsible del bloque de La Libertad Avanza: Juan Pedro Aleart, Franco Volpe, Anabel Lencina, Lautaro Enríquez y Samanta Arias.
El documento pone el foco en los reclamos de afiliados y trabajadores sobre demoras en la atención, falta de insumos y dificultades para garantizar prestaciones básicas.
A fines del año pasado, gremios como AMRA, ATE y el Frente de Jubilados en Lucha venían denunciando un posible proceso de vaciamiento, con protestas contra recortes, precarización laboral y falta de recursos.
Un proceso largo de destrucción
Desde la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023, la situación de los efectores propios del Pami en Rosario (el céntrico y el de barrio Arroyito) atravesó un proceso de fuerte contracción presupuestaria y reestructuración de personal que los trabajadores definen como un «vaciamiento silencioso».
El presupuesto para Salud a nivel nacional sufrió una caída real acumulada del 34% entre 2023 y 2025. En los policlínicos locales, esto se tradujo en varios ítems.
A lo largo de 2024 y 2025, se reportaron interrupciones en la compra de insumos básicos y prótesis, lo que obligó a reprogramar cirugías de alta complejidad.
Los trabajadores sufrieron a la par de los afiliados. A mediados de 2025, los residentes de salud denunciaron que sus ingresos aumentaron apenas un 11% anual, frente a una inflación que cuaduplicó ese valor. Añadieron que ese deterioro provocó una fuga de profesionales hacia el sector privado.
El punto de mayor tensión ocurrió en enero de 2025, con una ola de despidos que afectó directamente la operatividad. En Rosario, fueron desvinculados 12 profesionales estratégicos (10 anestesistas y 2 médicos). Y no resultó gratis: un cuello de botella en los quirófanos que de realizar entre 12 y 16 cirugías diarias pasaron a un promedio de entre 4 y 6 intervenciones, solo de urgencias.
Además, bajo la llamada reforma del Estado, numerosos empleados de planta pasaron a regímenes de disponibilidad.
Pami I en la mira por degradación a baja complejidad
Hacia finales de 2025 y principios de este año, cobró fuerza el proyecto oficial de transformar al Pami I en un centro de baja complejidad.
Los gremios médicos advierten que ello implicaría el cierre de camas de internación crítica y la derivación masiva de jubilados al sector privado, que ya se encuentra saturado.
Estimaron que el efector perdería su capacidad de absorber la demanda de alta complejidad de la zona centro, delegando todo al Pami II o, sospechan, a clínicas privadas con convenios a menudo interrumpidos por deudas.
