Esta semana, y en medio de la crisis política que atraviesa el gobierno nacional, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció a través de la red social X que en los próximos días se presentará un proyecto de reforma de la ley de salud mental.
Según los primeros trascendidos y una breve comunicación de la Secretaría de Salud, la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei propone modificar los criterios y tiempos de las internaciones involuntarias, frenar el cierre progresivo de hospitales monovalentes, revisar el concepto de “riesgo cierto o inminente”, reformular el órgano de revisión y reemplazar el término “padecimiento mental” por categorías de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
Desde el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental (ORLSM) en Santa Fe y el Consejo Consultivo a nivel nacional expresaron preocupación ante estos cambios. También remarcaron que, a más de 16 años de la sanción de la norma, nunca se asignó el presupuesto necesario para garantizar su implementación plena.
“Quienes dicen defender la libertad pretenden el encierro”, dice Lucrecia Faccioli, secretaria del ORLSM en Santa Fe, y completa: “Este proyecto borra los derechos humanos y vuelve a la idea de que la pastilla lo va a solucionar”.
Más demanda, más internaciones, menos comunidad
Las problemáticas de salud mental muestran una tendencia sostenida en aumento. La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, informó que las atenciones en guardias hospitalarias por estos motivos crecieron un 133% interanual durante el primer semestre de 2023.
Datos oficiales difundidos en 2024 indicaron además que se duplicaron tanto las internaciones en hospitales generales como las consultas en consultorios externos, lo que obligó a reforzar la respuesta estatal.
En 2025, el informe de gestión del ORLSM registró 1.643 internaciones involuntarias en la provincia y 486 casos en niños, niñas y adolescentes vinculados a padecimientos subjetivos. La cifra representa un incremento cercano al 40% respecto de 2024.
A su vez, las atenciones por ideación o intentos de suicidio también se duplicaron. En ese marco, la fiscal general María Cecilia Vranicich informó que en 2025 los suicidios constituyeron la principal causa de muertes violentas en Santa Fe, por encima de los homicidios y los siniestros viales.
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Salud mental y condiciones de vida
“La definición de la ley es que la salud mental es un proceso conformado por componentes históricos, sociales, económicos, culturales, biológicos y orgánicos. Si una persona no llega a fin de mes, si no tiene para comer, si la desalojan, es imposible que no tenga consecuencias en su salud mental”, dice Faccioli y mira directo a la crisis socioeconómica actual.
“El trabajo ordena la vida. Si existe pobreza y desocupación el efecto es directo”, agrega y recuerda el relevamiento hecho años atrás en Villa Guillermina y Villa Ocampo, en el extremo norte de la provincia al que llegaron por la gran cantidad de suicidios registrados. “Cuando se fue La Forestal los pueblos quedaron sin perspectiva de futuro. Algo similar pasa en otras localidades como ahora San Cristóbal, que con el cierre del ferrocarril en la década del 90 –también épocas de neoliberalismo– desaparece toda posibilidad de progreso. Ahora está pasando algo similar en Reconquista, también asociada a la pérdida de trabajo”, dice Faccioli.
En este contexto La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto para modificar la ley de salud mental. “Este proyecto borra los derechos humanos y vuelve todo a la idea de que la pastilla lo va a solucionar”, comenta Faccioli y agrega: “Amplía la posibilidad a externa la internación cuando ya es, y siempre ha sido posible con la actual ley, internar. La cuestión es qué condiciones hay afuera para seguir el tratamiento”.
Allí es donde la ley hace 16 años, incluso un poco antes con la ley santafesina, creó la figura de dispositivos que sustituyan a los manicomios y aborden la salud desde la mirada comunitaria con espacios productivos, culturales, de recreación y hasta casas asistidas, donde personas que estuvieron internadas pueden vivir juntas bajo el monitoreo de profesionales de la salud (médicos, psiquiatras, psicólogos, acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales y demás disciplinas).
“La realidad es que en 15 años de la ley nunca se le dio el presupuesto que tenía que darle a estos dispositivos y también a los hospitales para que puedan volverla realidad”, lamenta Faccioli y alerta que cada vez es más difícil encontrar profesionales de la salud que trabajen en espacios donde se aborden padecimientos subjetivos en Santa Fe. En parte, y como contamos a principio de año, por la falta de infraestructura y presupuesto para garantizar su seguridad.
“El gobierno nacional ya instaló en redes la necesidad de la modificación con falsedades que encontramos mientras recorremos y recibimos situaciones de todas partes de la provincia como el mito de que «con esta ley no se puede internar a alguien»”, dice Faccioli y agrega: “Esto pasa incluso en trabajadores del Estado que deberían saberlo, pero como no hubo ni presupuesto ni voluntad política se vuelve una verdad. En la parte privada también hay mucho desconocimiento de la ley”.
“El sistema de salud hoy está bancando la parada, porque al no haber comunidad se han incrementado las internaciones involuntarias saturan el sistema y al salir no tienen donde ir. Y lo peor es que son personas que llegan estalladas sin haber sido abarajadas en sus casas, si es que las tienen, o en sus barrios”, dice Faccioli y completa: “El encierro que pretenden no cura. La soledad no cura. La pandemia, con las restricciones que salvaron muchas vidas, también lo demostraron. Lo que cura son los vínculos, los lazos con otras personas”.
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