Después de cinco años del primer juicio, Santa Fe se prepara para recibir la atención de todo el país: por primera vez la Justicia investigará el delito de abandono de personas durante la última dictadura militar. Se trata de la causa Chartier, mejor conocida como Laguna Paiva, ya que la mayoría de las víctimas era de esta localidad 40 kilómetros al norte de la capital santafesina. La mitad de las víctimas tenía entre 1 y 14 años al momento de los hechos. Además, se investigan los delitos de secuestros, torturas y violación de domicilio cometidos contra 27 personas en 1980. El inicio del juicio será el próximo martes 5 de mayo. Organismos de derechos humanos invitan a la sociedad santafesina a sumarse a la concentración en la puerta del tribunal el martes a las 8.30 en la esquina de Primera Junta y San Jerónimo.
El comienzo estaba estipulado para el pasado martes 28 de abril, pero apenas unos días antes el Tribunal informó que se retrasaría una semana por el cambio de una de las defensas. Ante esta situación, todo el arco de organismos de derechos humanos que acompañan el proceso además de las querellas repudiaron la decisión del Tribunal Oral Federal N°1 de Santa Fe. Resaltaron que se trata de un juicio donde muchos testigos y víctimas deben viajar desde otras ciudades y hasta de otras provincias, por lo que anunciar algo así tan sobre la fecha genera malestar.
En el primer juicio, que tuvo sentencia en 2021, se juzgaron los crímenes cometidos entre febrero y abril de 1980, cuando fueron secuestrados once trabajadores del Frigorífico Nelson —a diez kilómetros de Laguna Paiva—, que pertenecían a la agrupación sindical La Lucha, que a su vez integraban el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
Uno de los protagonistas de esta historia fue Catalino Páez, referente del PRT, perseguido ferozmente, difícil de atrapar. De hecho, militares y policías de la provincia montaron un enorme operativo que incluyó localidades tanto de Santa Fe como de Buenos Aires para poder atraparlo. Y esa persecución incluyó también torturar, secuestrar, atacar a todos los integrantes de su familia. En este nuevo juicio se investiga esa parte de la historia y se siguen investigando los secuestros de los trabajadores.
En este informe publicado el pasado 24 de marzo, está el detalle la persecución contra la familia Páez-Medina.
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Pero entre los muchos rasgos a destacar de esta causa hay, al menos, tres que este medio decide resaltar: por primera vez en el país se contempla el abandono de personas como un delito de lesa humanidad; la mitad de las víctimas eran niñas, niños y adolescentes cuando ocurrieron los crímenes y fueron abandonados o secuestrados junto a sus padres en centros clandestinos de detención; y se investigará la responsabilidad de quien entonces era secretario de juzgado pero que en democracia llegó a ser juez federal: Víctor Hermes Brusa. Por eso, algunos de los delitos que se investigan son incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Moisés Vázquez (presidente), Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta. Se investigarán 27 casos que incluyen secuestros, torturas y abandono de persona. El miércoles 6 de mayo empiezan las declaraciones que se extenderán al menos hasta fines de mayo, con el testimonio de unos 50 testigos. El primer cronograma estipulaba el veredicto para el 26 de mayo, pero ahora con la reprogramación de las audiencias se espera que recién ocurra después de la feria judicial, a fines de julio o principios de agosto. El cronograma definitivo se conocerá esta semana.
Desde la Fiscalía expresaron a este medio que tienen “gran expectativa con el desarrollo del debate” justamente por la calificación de abandono de persona y secuestro de niños. Destacaron: “Es una causa que hemos trabajado con mucho esfuerzo desde la fiscalía, recurriendo todas las resoluciones adversas que hemos tenido por parte del juzgado federal, para poder llegar a esta instancia”.
El abandono como crimen: el primer juicio de la dictadura por las infancias de Laguna Paiva
Hay cuatro acusados, Fiscalía repasó sus nombres y responsabilidades: “Se juzgará por primera vez la responsabilidad penal de Antonio Parvellotti, quien fuera Subjefe del Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de Santa Fe por donde pasaron muchas de las víctimas de la causa y del ex juez federal Víctor Brusa, cuando esté ejercía efectivamente el cargo de secretario del juzgado que luego ocupara en democracia. Finalmente, también se determinará la responsabilidad del abogado y policía Oscar Alberto Cayetano Valdéz quien posee una condena a prisión perpetua por su intervención en la masacre de Ituzaingó y Las Heras de Santa Fe en 1977. Además, se juzgará a Eduardo Enrique Riuli, que ya fue condenado por algunos de los hechos que se van a volver a tratar durante el juicio”.
Fernando Sebastián Mendoza, ex jefe de la Comisaría XIII de la ciudad de Laguna Paiva, también estaba incluido como acusado cuando se elevó a juicio la causa pero murió en el medio.
La querella de Apdh (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) contó a este medio que hace unos días la defensa de Parvelotti intentó impedir que el ex policía formara parte del juicio. “Pidieron esto a pesar de que a principios de marzo ya se habían hecho los exámenes mentales obligatorios. Entonces se llevó adelante una nueva junta médica y salió favorable a esta querella. Se acreditó que Parvelotti puede y está en condiciones de afrontar el juicio. Estamos hablando de un represor que se encuentra impune, que nunca fue juzgado en el país por delitos de lesa humanidad y por eso fue un hecho trascendental”, expresó el abogado Federico Pagliero, de Apdh.
En noviembre, cuando se confirmó la fecha de inicio del juicio, Pagliero había expresado: “Estamos muy contentos desde Apdh con este nuevo inicio, de un nuevo debate oral y público, que es ejemplo a nivel mundial. Es un orgullo representar a los obreros del frigorífico de Nelson, a las familias de Laguna Paiva y a esas infancias que tuvieron el valor de declarar, de abrir este nuevo debate. Vamos a acompañarlos y representarlos en este nuevo juicio con mucho honor y honra. Y por supuesto exigiendo que Argentina continúe con este camino ejemplar de juzgamiento del genocidio que sufrió nuestro pueblo”.
Mucha de la prueba para esta segunda elevación se produjo en el primer juicio. El único caso que involucraba a un menor y que ya se juzgó es el de Mario Páez, que tenía 14 años cuando se lo llevaron tirado en un camión junto a su papá (Catalino), su madre y su tío. Cumplió 15 en un centro clandestino de detención.
Actividades todo el mes
El pasado lunes 27 de abril en la sede del Sindicato de Prensa de la ciudad de Santa Fe (Amenábar 2655), hubo una conferencia de prensa para anunciar una serie de actividades y apoyo recibido para acompañar todo el mes de audiencias.
Fue convocada por Apdh y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia. Luis Larpin, ex preso político e integrante del Foro, habló con este medio: “Quisimos destacar el interés social que se generó a partir del trabajo de difusión que estamos haciendo y los respaldos institucionales que estamos recibiendo. Por ejemplo, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, que funciona en la Defensoría del Pueblo. Ellos van a organizar actividades durante el mes que dura el juicio convocando a su vez a otras instituciones para compartirlo”.
Larpin contó que habrá actividades organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Además, el Colegio de Psicólogos de Santa Fe y el de Trabajo Social apoya la difusión de este juicio. El objetivo también es que agrupaciones estudiantiles puedan asistir a las audiencias que son públicas.
«A nivel familia significó una ruptura, fueron detenidos sus padres delante de los chicos, en el lugar que les era seguro a los niños que es la casa y que fue absolutamente desmantelada. Los niños tuvieron que hacerse cargo no solo de su propia protección y subsistencia sino de la función adulta»
En la conferencia, una de las que tomó la palabra fue la abogada Julia Giordano, quien forma parte de la querella de Apdh, y planteó que haber demorado el juicio una semana «es un montón porque estas personas que deben declarar no viven en Santa Fe, vienen de Laguna Paiva, de Santiago del Estero, de Villegas, de Ceres, de Esteban Rams»: «Todos tienen que organizarse, pedir permisos laborales o vacaciones, deben organizarse como familia. Deben tener la atención puesta en la declaración, nuevamente pasar por el cuerpo los testimonios y el horror vivido. El tribunal no lo está teniendo en cuenta y no lo tuvo en cuenta como debió en relación al trato que merecen las víctimas y testigos. Así que es un reclamo que tenemos».
También habló el defensor provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Cruz Giménez: «La Defensoría no puede mirar al costado, somos instituciones de derechos humanos. Hay una ley nacional y una ley provincial sobre niñez y una convención internacional que Argentina ratificó con la reforma constitucional de 1994».
En este sentido, Giménez agradeció el trabajo de la querella para generar la prueba que permitió avanzar en este juicio «y llevar adelante una nueva figura en la agenda de lesa humanidad», por el delito de abandono de personas. También dijo que la Defensoría provincial «coordina la asociación iberoamericana de defensores así que este caso va a ser piloto para todo el continente».
Desde la escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Marisel Salera habló de las secuelas que deja una situación como la que se investiga en este juicio: «El abandono significa una ruptura en la cotidianeidad de niños y niñas y adolescentes, el Estado tiene una función fundamental de protección. Para poder criar a las infancias y protegerlas se incluyen tres niveles: la familia, la comunidad y el Estado. En este caso a nivel familia significó una ruptura, fueron detenidos sus padres delante de los chicos, en el lugar que les era seguro a los niños que es la casa y que fue absolutamente desmantelada. Los niños tuvieron que hacerse cargo no solo de su propia protección y subsistencia sino de la función adulta. Los dejaron en una situación de absoluta indefensión que luego se recrea permanentemente en su vida adulta».
Además, siguió, «acá no no había familia extendida ni comunidad porque todos sus familiares fueron secuestrados al mismo tiempo, ya no había grupos familiares que pudieran hacerse cargo del cuidado de estos chicos, como pasó en otras situaciones de secuestros de padres y madres».
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Por su parte, Larpin destacó el apoyo recibido de parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, “por el respaldo con sus dispositivos, con el equipo de investigación apoyo y seguimiento de causas de lesa humanidad, el programa de protección de testigos, la unidad especial de protección de testigos, que aseguran la movilidad y demás para todas las personas que van a tener que venir”.
De hecho, muchos de los testigos -que eran niños cuando ocurrieron los hechos- vienen de Laguna Paiva, de Esperanza, de Esteban Rams, entre otros pueblos de la provincia de Santa Fe y también de Buenos Aires.
El martes 5 de mayo, el día del inicio del juicio, el Foro hará una volanteada en el microcentro de la ciudad para dar a conocer la causa. “Le vamos a dar este juicio las características de trascendencia que tiene. Además está el marco de estos 50 años donde se ha generado una ola de interés manifiesta . El 24 de marzo creo que nos sorprendió a todos por el interés que mostró la sociedad en este momento tan oscuro y tan peleado”.
Antecedente
El primer juicio probó los secuestros de Catalino Páez, su esposa Juana Medina y su hijo Mario, además de los trabajadores sindicalizados del frigorífico de Nelson. Allí se condenó por secuestros y torturas a penas de entre 16 y 5 años a Germán Raúl Chartier, ex jefe de la División de Informaciones Policiales de la Unidad Regional 1; Rubén Oscar Insaurralde, ex sargento de la División de Informaciones D-2; Omar Epifanio Molina, ex cabo del Departamento Operaciones Policiales D-3; Antonio Rubén González, ex cabo de la División Robos y Hurtos de la URI; Fernando Sebastián Mendoza, ex jefe de la Comisaría XIII de la ciudad de Laguna Paiva; y Eduardo Enrique Riuli, ex oficial ayudante de la División de Informaciones D-2.
El personal del Departamento de Investigaciones de la Policía provincial se ocupó de los secuestros y torturas aplicadas sobre los trabajadores del frigorífico. Muchas de las víctimas, después, fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo y trasladadas a distintas cárceles del país. Muchos fueron liberados durante el primer año de democracia post dictadura. El único caso de un menor que fue secuestrado y cuyo caso alcanzó a investigarse en la primera elevación fue el de Mario Páez, quien tenía 14 años cuando se lo llevaron a un centro clandestino junto a sus padres. Hoy también es una de las víctimas en el nuevo juicio.
Este año también se seguirán investigando secuestros a trabajadores del Frigorífico Nelson porque algunos de los acusados no llegaron a ser juzgados por estos hechos. Fue en este primer juicio donde se generó gran parte de la prueba para avanzar en nuevas imputaciones e investigar el abandono de niños, secuestros y torturas.
A este juicio, en el país, le sigue otro que aún no tiene fecha de inicio pero sí este enorme paso: en diciembre de 2025 la Justicia de Mendoza procesó a 15 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes.
