El gobierno del presidente Javier Milei decidió, por primera vez desde el regreso de la democracia, prohibir el ingreso de todos los periodistas acreditados en Casa Rosada. La extraña justificación es que la filmación de un equipo de TN mostrando pasillos e interior del edificio «ponía en peligro la seguridad nacional». El diario Ámbito Financiero interpuso este viernes ante la Justicia el primer amparo contra la medida.
El escrito está firmado por las empresas NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., como responsables del diario, solicitando que que la Justicia obligue al Gobierno a levantar inmediatamente el bloqueo de sus periodistas, Liliana Franco y Cecilia Camarano, a Casa Rosada. El texto afirma que su expulsión vulnera «derechos constitucionales básicos como el acceso a la información pública y la libertad de expresión».
El Gobierno dio de baja los ingresos con huella digital de todos los cronistas acreditados y retiró sus permisos el pasado jueves. Y con eso, cesó toda actividad en la sala de prensa presidencial.
El Ejecutivo adujo «una medida de seguridad nacional» relacionada con una denuncia penal de la Casa Militar por supuesto espionaje ilegal contra periodistas de Todo Noticias (TN) que habrían filmado con lentes inteligentes en la Rosada, sin permiso oficial, zonas comunes del edificio.
Es, en rigor, otra barrera impuesta por la gestión libertaria a la tarea de los trabajadores de prensa a quienes el propio presidente Javier Milei insulta con groserías periódicamente. Antes de la ultima y grave restricción, había prohibido el ingreso a varios de los acreditados, entonces invocando una publicación de Chequeado en la que se acusaba a varios medios y periodistas de publicar notas «financiadas por Rusia». Una acusación que, poco después, se diluyó por su flojedad de papeles y nulas pruebas que la misma publicación admitió.
La generalización de la sanción es uno de los puntos principales del planteo judicial presentado por Ámbito. El medio afirma que, aun partiendo del supuesto que hubiera una conducta irregular individual (tema que se encuentra bajo investigación judicial), no es razonable aplicar la medida a periodistas y medios que no fueron denunciados por este tema.
Judicialmente, el amparo apunta a la desproporción de la restricción y a la falta de una resolución judicial que avale una medida tan extrema.
En paralelo, diputados de la oposición le exigieron al Gobierno explicaciones formales por lo ocurrido y adelantaron que podrían activar la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja. El mismo reproche emanó de organizaciones periodísticas y sindicatos del sector.
Desde el Ejecutivo insisten en que se trata de una medida de seguridad. Por su parte, según la Agencia Noticias Argentinas (NA), funcionarios cercanos a la Casa Rosada señalaron que «la restricción de ingreso no implica censura porque es una medida transitoria», mientras los expertos revisan cámaras, pasillos y sistemas internos.
La prohibición lleva la firma de la Secretaría de Prensa a cargo de Javier Lanari. Y luego Milei escribió en su cuenta de X: “Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. ¡CIAO!»
