En la Legislatura de Santa Fe comenzó a debatirse un proyecto que propone una reforma integral del régimen de prisión domiciliaria. La iniciativa fue presentada por el diputado provincial Martín Rosúa (UCR–Unidos) y apunta a endurecer las condiciones bajo las cuales se cumplen este tipo de condenas.
El legislador sostuvo que, con el paso del tiempo, la prisión domiciliaria dejó de funcionar exclusivamente como una herramienta humanitaria y terminó convirtiéndose, en algunos casos, en un beneficio reservado para determinados sectores.
“Durante años vimos cómo un instituto pensado para situaciones humanitarias terminó funcionando, en la práctica, como un beneficio reservado para unos pocos”, afirmó Rosúa.
Según explicó, actualmente existen casos de condenados por delitos graves —incluyendo corrupción y defraudación al Estado— que cumplen penas en departamentos de lujo, con acceso irrestricto a celulares, internet, redes sociales y visitas sin demasiadas restricciones.
“Es evidente que, con estos privilegios, la ley no está siendo igual para todos”, remarcó el diputado.
Qué cambios propone el proyecto
La iniciativa establece nuevas condiciones para acceder y mantener el beneficio de la prisión domiciliaria. Entre los puntos más destacados figuran:
- Un límite máximo de 120 metros cuadrados para la vivienda donde se cumpla la condena.
- La prohibición de amenities de lujo o condiciones que transformen la pena en un privilegio.
- Un régimen de visitas equivalente al del sistema penitenciario.
- La prohibición del uso de teléfonos celulares e internet, salvo excepciones justificadas.
- Monitoreo electrónico obligatorio.
- Controles sorpresivos por parte de las autoridades.
- Revocación inmediata del beneficio ante incumplimientos.
- Creación de un registro público para garantizar mayor transparencia.
Para Rosúa, el sistema actual “terminó generando privilegios por capacidad económica, algo completamente incompatible con la Constitución y con cualquier principio republicano básico”.
Debate abierto
El proyecto comenzó a generar debate dentro y fuera de la Legislatura provincial. Mientras algunos sectores consideran que la propuesta busca garantizar igualdad ante la ley y evitar abusos, otros advierten que podría abrir discusiones sobre derechos, condiciones humanitarias y criterios judiciales para otorgar prisiones domiciliarias.
