El abogado Ignacio Baños, «en su carácter de ciudadano» presentó una denuncia contra el Gobierno Nacional, por no invitar a la vicepresidenta Victoria Villarruel al tradicional Tedeum por el 25 de Mayo y solicitó que se investigue a la gestión de Javier Milei por “abuso de autoridad” e «incumplimiento de los deberes de funcionario publico«.
En el texto que efectuó el letrado, que lleva adelante su propio patrocinio, indicó que ese documento se presenta como una denuncia de «posible violencia institucional y discriminatoria» contra una mujer en el ejercicio de la vicepresidencia de la Nación.
«No vengo a afirmar categóricamente la existencia de un delito, ni a imputar responsabilidad penal concreta a persona determinada, sino a poner en conocimiento de la justicia federal una serie de circunstancias de público y notorio conocimiento, difundidas por medios nacionales, que ameritan la apertura de una investigación seria, objetiva y exhaustiva. En particular, corresponde determinar si la eventual exclusión de la Vicepresidenta de la Nación de un acto patrio, oficial y protocolar, pudo obedecer a una decisión funcional contraria a la normativa de ceremonial, a una omisión de deberes propios del cargo, o a una práctica de violencia institucional y/o discriminatoria contra una mujer que ejerce una de las más altas magistraturas del Estado argentino», sostiene Baños.
Por otra parte, aclaró que la investigación deberá dirigirse, «sin perjuicio de la calificación definitiva que corresponda y de las responsabilidades personales que eventualmente pudieran surgir«, a establecer el accionar tanto de la Secretaría General de la Presidencia, como de las áreas de Ceremonial y Protocolo de Presidencia, la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, Casa Militar, «o cualquier otro organismo o funcionario» que estuviera involucrado, directa o indirectamente, de esta decisión que recae directamente a Villarruel.
Para finalizar, manifestó que se debe investigar el hecho «con la debida perspectiva institucional y de género«, conforme la Ley 26.485, y se tiene que determinar «la eventual responsabilidad penal» de los funcionarios o agentes públicos «que hubieren intervenido, ordenado, consentido u omitido los actos funcionales pertinentes»
