Diputados nacionales de la oposición salieron con los tapones de punta contra el proyecto de ley del Poder Ejecutivo vinculado a la prevención de la ludopatía que busca erradicar plataformas ilegales de explotación de juegos de azar pero sin prohibir la publicidad del juego legal.
La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade, una de las más activas impulsoras de la media sanción obtenida en noviembre del 2024, que perdió estado parlamentario, recordó que aquella iniciativa «prohibía toda publicidad, mecanismo idéntico al implementado para los cigarrillos, que tan buen resultado dio».
«Cerrábamos el camino a un lobby poderoso: el juego», reafirmó la legisladora opositora, quien consideró que «con este proyecto ganan las plataformas legales que solo quieren captar la masa de jugadores de las clandestinas».
«Que propongan castigar con más pena y prohíban publicidad de plataformas clandestinas es una afrenta a la inteligencia de los argentinos», disparó Frade.
Para la diputada que responde a Elisa Carrió el proyecto sobre regulación de juegos de azar online del Gobierno «no es de prevención de la ludopatía sino de reafirmación de apoyo a las apuestas online».
Además, advirtió que el Proyecto no es del titular del Sedronar, Roberto Moro, sino del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Struzenegger, «y lo tenían ya escrito hace dos años, cuando en la Cámara de Diputados pudimos dar media sanción con 140 votos (sin oficialismo, PRO y sectores de UCR)».
«Las apuestas y casinos on line, destruyen salud mental de jóvenes, pero también de adultos que afectan a hijos menores. La ludopatía no se detiene sola. No se detiene ‘haciendo como qué’. No puede triunfar la recaudación y el lavado de dinero. No puede triunfar las mentes dañinas que anidan en el Gobierno», afirmó.
«Seguiremos peleando. Ojalá mis pares no la dejen pasar en Diputados. Ojalá podamos retomar lo que ya votamos. Ojalá esta pesadilla tan dañina termine en el 2027. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio del juego«, concluyó Frade.
En la misma sintonía, su compañero de bancada, Maximiliano Ferraro (CC-ARI), sostuvo que pese a que el Gobierno presenta el proyecto como de ‘prevención de la ludopatía’, «lo único que hace es proteger el negocio del juego en línea».
«Eligieron ponerse del lado del lobby de las empresas de apuestas. Solo persiguen y sancionan el juego ilegal. Parece que la única adicción que preocupa es la de quien se gasta la plata fuera del negocio habilitado por el Estado», cuestionó.
«¿Adictos al juego legal? Ni un drama, que te bombardeen con publicidad, promociones y apuestas online las 24 horas», protestó el dirigente opositor.
Efectivamente, el proyecto del Poder Ejecutivo apunta a combatir la explotación y difusión de plataformas de juego no autorizadas, además de prohibir el acceso de menores de edad, pero no se inmiscuye en el núcleo del negocio de los operadores de juego legal, que tienen como principal eje de captación la publicidad en medios de comunicación, redes sociales y en espectáculos masivos.
Sobre la publicidad legal, apenas se menciona que «no podrá utilizar contenidos que vinculen la participación en juegos de azar en línea con el éxito personal, laboral o social, o sugieran que tal participación conlleva aceptación social»
Sobre la sanción a responsables de plataformas de juego no autorizadas, se proponen penas de tres a seis años, junto al bloqueo de dominios y limitación de circuitos de pagos de los operadores ilegales.
También se establece que será «reprimido» con pena de prisión de dos a cuatro años años a quien «prestare servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales» para el funcionamiento de juegos de azar en línea no autorizados, siempre y cuando se pueda demostrar que tenía conocimiento de la ilegalidad del negocio.
La iniciativa además impulsa campañas de concientización y sensibilización sobre efectos adversos del juego patológico, y busca fortalecer herramientas de articulación institucional con provincias y organismos competentes para prevenir y combatir la captación irregular de apuestas.
