Por Varinia Drisun (#)
Hay decisiones de gobierno que revelan con claridad qué modelo de sociedad se pretende construir. Por ejemplo, cuando el Estado nacional deja de garantizar medicamentos, recorta programas esenciales o se retira de la cooperación sanitaria internacional, ya no estamos hablando solamente de números ni de cuentas fiscales sino de la ejecución de una idea profundamente individualista de la vida.
Hoy la Argentina atraviesa una desarticulación sistemática del derecho a la salud impulsada por un gobierno nacional insensible.
La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la llamada “Ley Hojarasca”, un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que busca derogar normas fundamentales para el bienestar social. Entre ellas, la Ley 26.688, que declaró de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y vacunas, y los entendió como bienes sociales, no como simples mercancías.
Derogar esa ley es un ataque directo al sistema científico, tecnológico y sanitario. La Argentina cuenta con laboratorios públicos nacionales, provinciales y universitarios que producen medicamentos, sostienen tratamientos y permiten bajar costos. Debilitar esa red es abrirle la puerta a una mayor concentración privada, a precios más altos y a más exclusión para quienes dependen de los genéricos producidos por el Estado.
A eso se suma un recorte presupuestario brutal al Ministerio de Salud de la Nación. Decisiones que no parecen responder a otra lógica que la planilla contable de Excel, y nada más. Pero cada vez que se avanza en el único criterio de “que cierren los números” las consecuencias directas son tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, programas que se vacían y provincias que deben hacerse cargo de responsabilidades que la Nación abandona.
El ajuste de Milei golpea áreas sensibles: la provisión de fármacos para efectores públicos, la continuidad de tratamientos para enfermedades crónicas y poco frecuentes, el acceso a medicamentos de alto costo para personas sin cobertura, la prevención y el tratamiento del cáncer, los programas materno-infantiles, la salud sexual y reproductiva, las vacunas, la salud mental, la discapacidad, el INCUCAI y organismos estratégicos como el Instituto Malbrán.
Estos recortes ocurren en un contexto que ya viene siendo por demás preocupante: bajas coberturas de vacunación, aumento de enfermedades que requieren vigilancia, sobrecarga del sector público, encarecimiento de la medicina prepaga, discontinuidad del Programa Remediar y desfinanciamiento del PAMI.
A este desguace interno se suma una decisión totalmente irresponsable y sin asumir costos, que en la cabeza del Presidente y de sus funcionarios parecieran ser solamente de índole económica directa: el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. No hay allí una justificación económica seria ni estudiada. Lo que hay es una decisión política sin medir consecuencias: seguir al pie de la letra los movimientos del gobierno de Donald Trump, aislar a nuestro país, debilitar la cooperación sanitaria y romper herramientas que son claves para prevenir, alertar y responder ante riesgos epidemiológicos.
Sin una política nacional coordinada, la Nación desborda de responsabilidad a las provincias. Y eso rompe la equidad federal. Porque no todas las jurisdicciones tienen los mismos recursos, la misma infraestructura ni la misma capacidad de respuesta. En salud, abandonar la coordinación nacional no es ahorrar: es poner en riesgo a la población.
Frente a este escenario de retiro nacional, nuestra provincia Santa Fe eligió otro camino y decidió no ser espectadora de este retroceso. El gobernador Maximiliano Pullaro junto a la ministra Silvia Ciancio tomaron la decisión política de cubrir con recursos propios prestaciones y medicamentos que la Nación dejó de enviar. Y hace unos días se dio un paso fundamental con la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Logística Sanitaria de Funes, que ya realizó el primer envío de medicamentos e insumos bajo este esquema para garantizar que lleguen a cada rincón de la provincia.
Hablar del modelo Santa Fe es hablar de una forma de gestionar en la cual el Estado planifica, tiene presencia territorial y garantiza que el equilibrio fiscal no se construya sobre el sufrimiento de las personas.
Ese modelo tiene historia. Es parte del legado de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz: una provincia que apostó a la salud pública, a la red de hospitales y centros de salud, a la producción pública de medicamentos y a un Estado eficiente, cercano y presente.
La expresión más potente de ese camino es nuestro Laboratorio Industrial Farmacéutico. El LIF demuestra que el Estado puede producir con calidad, bajar costos y garantizar acceso allí donde el mercado no llega. También lo muestran la concreción del Hospital de Alta Complejidad de Rafaela y el reinicio de las obras del Hospital Regional Sur de Rosario, dos hitos que se suman a una red sanitaria construida a lo largo y ancho de la provincia.
Defender la salud pública hoy es defender una idea de sociedad basada en la dignidad, la igualdad y la presencia activa del Estado donde más se lo necesita. En Santa Fe sostenemos una convicción profunda: la eficiencia jamás puede confundirse con indiferencia.
No existe verdadero desarrollo si una parte de la sociedad queda librada a su suerte. El Estado nacional comandado por Milei se retira día a día de más funciones que le competen y no brinda respuestas a una sociedad cada vez más golpeada. Nuestra provincia reafirma un camino distinto: el de políticas públicas que cuidan, acompañan y garantizan derechos.
Porque gobernar también es asumir responsabilidades, incluso —y sobre todo— cuando otros deciden abandonarlas.
(#) Diputada provincial, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe.
