La implementación de la Ley de Microtráfico en la provincia de Santa Fe se presenta a menudo desde fuentes oficiales como un avance implacable contra el narcomenudeo. Sin embargo, cuando se analiza por fuera los anuncios punitivos, la realidad en los territorios muestra una contracara selectiva.
El caso de Teresa, una mujer de 65 años, analfabeta y sumida en una vulnerabilidad extrema en la zona oeste de Rosario, es la prueba flagrante de esto. Lleva dos años bajo prisión preventiva efectiva, mientras que el personal policial comprometido en la misma causa goza de libertad.
La historia se conoció en el stream Feos, Sucios y Malos, que se emite por el canal de YouTube de este diario y en dúplex con Radio Universidad Rosario (que se emite por el 103.3 de FM).
Allí, el abogado penalista Martín Marini dio pormenores de una investigación judicial que expone las grietas de un sistema judicial que parece ensañarse únicamente con el último y más fungible eslabón de la cadena.
Teresa no era la jefa de ninguna organización criminal. Su ingreso al mundo de la venta de «bochitas» se produjo por una situación de desamparo. Comenzó limpiando la casa de una vecina en barrio Godoy para poder costear el tratamiento médico de su esposo enfermo.
En ese contexto, le propusieron vender cocaína a través de su ventana. El 3 de mayo de 2024, en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó detenida, explicó el penalista.
Marini, al describir la brutal asimetría en el tratamiento judicial de los implicados, fue categórico durante la entrevista en el stream. «Teresa es una mujer de 65 años, analfabeta, en una situación de extrema vulnerabilidad, y hace dos años que está en prisión preventiva. Lo indignante es que en el mismo operativo se encontraron armas y celulares que comprometerían directamente a personal policial, pero ellos hoy se encuentran en total libertad mientras ella sigue esperando el juicio».
El requerimiento de la Fiscalía acusa a Teresa de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, solicitando una pena de 5 años de prisión efectiva.
Sin embargo, en la causa hubo testimonios que señalan los niveles que existían en la red: ella vendía por necesidad económica, pero la sustancia le llegaba totalmente fraccionada por terceras personas. Estas estaban conectadas con una empleada policial, según la propia teoría fiscal.
De acuerdo a la investigación judicial, en uno de los domicilios vinculados a la organización se secuestró un abundante material balístico –municiones de diversos calibres y cargadores– junto con elementos de librería y administrativos pertenecientes a la Policía de la provincia.
Esas declaraciones indicaron que era esa mujer policía quien traía las sustancias en un auto negro, generalmente de manera pautada tres veces por semana.
La vulnerabilidad de Teresa no sólo se tradujo en su detención, sino también en las presiones que debió soportar dentro de los pasillos judiciales y los lugares de detención.
Según contó Marini, durante las primeras audiencias, quienes regenteaban el negocio le exigieron explícitamente que «se hiciera cargo» de todo el material debido a su avanzada edad, con el objetivo de utilizar su vejez como un escudo de impunidad para el resto de la banda.
El testimonio de Martín Marini es una interpelación al criterio con el que se aplica la ley penal en los barrios más postergados de Rosario: quiénes pagan con su cuerpo las estadísticas del microtráfico y quiénes, a pesar de tener uniformes y armas del Estado, logran evadir los cerrojos de las cárceles.
El estado de la causa
Mientras tanto, la Fiscalía ratificó el pedido de pena para ella y la vigencia de su prisión preventiva. En ese marco, solicitó formalmente la apertura a juicio y detalló los años de cárcel que solicitará para todos los implicados en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Las mayores pretensiones punitivas recayeron sobre Juan A., para quien requirieron 6 años de prisión efectiva junto con la declaración de reincidencia debido a una condena previa.
En tanto, para Fiorella C. –señalada como organizadora y proveedora del material–, Teresa I. –identificada como vendedora en el domicilio– y Leonela B. –imputada por su participación en dicho inmueble–, el Ministerio Público de la Acusación solicitó la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.
El expediente de la mujer policía
En la vivienda de la subinspectora Cintia C. (hermana de Fiorella), la cual se desempeñaba en la comisaría 2ª, ubicada en Paraguay al 1100, se incautó material probatorio. Esta uniformada quedó presa porque en su hogar los pesquisas secuestraron gran cantidad de elementos vinculados a su trabajo como funcionaria pública.
La Fiscalía describió que la uniformada tenía en su poder unas 20 vainas servidas de distintos calibres y más de 350 cartuchos de varios tipos de armas de fuego. Además, había 61 sobres de papel con evidencias de procedimientos policiales y que había acopiado municiones sin la autorización legal.
Otros de los elementos encontrados fueron de librería provistos por el Estado para sus dependencias oficiales y no para el uso particular de sus empleados. Entre ellos había 11 libros de guardia. En ese marco, la mujer quedó imputada por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, acopio de municiones y peculado. Aunque no está relacionada formalmente con la otra causa, la de narcomenudeo.
La entrevista completa al abogado Martín Marini y el debate sobre este caso se pueden ver en el siguiente enlace:
