La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe dictaminó la suspensión por tres meses sin goce de sueldo de la fiscal María Verónica Ballari, cuestionada por su actuación en la investigación de las denuncias por violencia de género realizadas por Ailén Oggero antes de ser asesinada por su expareja en febrero de 2025. El dictamen será tratado este jueves por el pleno legislativo, donde se espera la definición de la sanción.
La medida se enmarca en el proceso impulsado por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a partir de las observaciones formuladas por el auditor Leandro Mai sobre el desempeño de la funcionaria judicial. La Bicameral evaluó si la investigación penal avanzó con la celeridad necesaria, si las medidas de protección adoptadas fueron adecuadas y si existieron demoras que pudieron influir en el desenlace fatal del caso.
Ailén Oggero tenía 32 años cuando fue asesinada en febrero de 2025. La mujer salía de su vivienda de Pasaje Prusia al 6700, en Rosario, para dirigirse a su trabajo como enfermera y extraccionista en el Hospital Centenario cuando fue atacada por su expareja, identificado como J. O.
Sobre el agresor pesaba una prohibición de acercamiento dictada por el Tribunal Colegiado de Familia debido a antecedentes de violencia de género. Sin embargo, no estaba detenido. Según la investigación, incumplió la orden judicial, esperó a la víctima frente a su domicilio y la asesinó cuando se disponía a iniciar su jornada laboral.
La denuncia penal presentada por Oggero en noviembre de 2024 estaba bajo la órbita de la fiscal Ballari. En esa presentación se detallaban graves hechos atribuidos al agresor, entre ellos violación de domicilio, agresiones físicas, amenazas, privación ilegítima de la libertad y tenencia de arma de guerra.
El caso generó una fuerte conmoción en Rosario y la región debido a que la víctima había denunciado reiteradamente la violencia que sufría. Además, los dos hijos de Oggero, de 4 y 11 años, se convirtieron en testigos clave al declarar que escucharon una discusión y posteriormente los disparos frente a la vivienda familiar.
Mientras avanza el proceso disciplinario, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación solicitó a la Legislatura que se abstenga de aplicar la suspensión. A través de una nota presentada ante la Comisión de Acuerdos, sostuvo que la reforma constitucional provincial habría dejado sin efecto la Ley 13.807, norma utilizada para evaluar y sancionar el desempeño de fiscales.
No obstante, desde distintos sectores remarcan que la nueva Constitución incorporó una cláusula transitoria que mantiene vigente ese mecanismo hasta la sanción de una nueva legislación. La Legislatura deberá resolver ese planteo antes de avanzar con la sanción definitiva contra la fiscal Ballari.
De confirmarse el dictamen este jueves, la funcionaria quedará suspendida durante tres meses, sin percibir haberes y con prohibición de concurrir a dependencias del Ministerio Público de la Acusación durante ese período.
