Mayerly Arévalo, requerida por la justicia colombiana por su presunta participación como testaferra del ELN, fue extraditada desde Argentina y llegó al país en un vuelo procedente de Buenos Aires, donde fue entregada a funcionarios de Migración Colombia e Interpol.
Según las investigaciones, Arévalo se presentaba como empresaria con operaciones y conexiones en el departamento de Arauca, una actividad que habría utilizado como fachada para legalizar recursos de origen ilícito vinculados a esa guerrilla.
La Dijin de la Policía de Colombia informó este lunes que la mujer habría participado en operaciones de lavado de activos que superarían los 885.000 millones de pesos.
Tras su arribo al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, fue puesta a disposición de la Fiscalía 13 Especializada contra el Lavado de Activos. Deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos agravado.
Hay que recordar que desde el año pasado, la Fiscalía y la Interpol mantienen una ofensiva contra las finanzas del ELN y, en especial, contra la estructura de la que haría parte Mayerly Arévalo.
En octubre de 2025, adelantaron varios operativos que dejaron la captura de seis señalados integrantes de esta estructura criminal en Colombia y dos más en Argentina.
La red que hay detrás de Mayerly
Se estableció que esta red de lavado delinquía, al menos desde 2005, en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas y Cundinamarca, y en la ciudad de Bogotá.
La directora especializada contra el Lavado de Activos de Colombia, Sandra Mesa, reportó en su momento que en el curso de los operativos fueron incautados con fines de comiso 59 lingotes de oro que superarían en valor los 32.000 millones de pesos, 563 millones de pesos en efectivo, 22.805 dólares y libros de contabilidad de múltiples empresas.
La investigación permitió establecer que la red habría realizado múltiples operaciones financieras a través de corresponsales bancarios ubicados en Arauquita y Bogotá.
Mediante este mecanismo, presuntamente movilizó cerca de 685.000 millones de pesos hacia distintas regiones del país con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos.
De acuerdo con la Fiscalía colombiana, una parte significativa de las consignaciones detectadas durante el proceso investigativo habría sido efectuada por ciudadanos venezolanos y superó los límites establecidos por las autoridades financieras para este tipo de transacciones.
Las autoridades también determinaron que los implicados habrían constituido al menos cinco empresas fachada, vinculadas a sectores como telecomunicaciones, construcción, actividades agropecuarias y servicios aéreos.
A través de estas sociedades, presuntamente dieron apariencia de legalidad a recursos que ascienden a unos 83.500 millones de pesos.
