La Cámara de Diputados de Santa Fe intentará este jueves darle sanción definitiva al proyecto de ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches en toda la provincia, que ya tiene media sanción en el Senado. La propuesta está rodeada de controversia, sintoniza con el clima de época y fue impulsada por el oficialismo santafesino. La autoría del texto corresponde al senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas.
En la previa al tratamiento del proyecto, tres comisiones de la Cámara baja mantuvieron una reunión conjunta con integrantes de la Pastoral Social de la Iglesia Católica de las ciudades de Santa Fe y Rosario y dirigentes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia.
Los religiosos y las organizaciones de derechos humanos tienen posturas diferentes, pero ambos cuestionan el texto que sanciona una actividad en el espacio público que realizan personas sin trabajo fijo y en situación de pobreza.
La Pastoral Social le pidió a los diputados que prioricen la inclusión social, la dignidad humana y políticas de acompañamiento por sobre las medidas punitivas. Del intercambio participaron diputados de las comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Antes, Diputados recibieron a los secretarios de Control de ocho municipios. Entre ellos, Diego Herrera, de Rosario. Los representantes de los intendentes no se opusieron al proyecto como los religiosos y dirigentes de derechos humanos, pero pidieron algunos cambios al texto con eje en sus capacidades para aplicar la normativa impulsada.
De multas a la cárcel
La propuesta, que modifica el Código de Convivencia, instala sanciones económicas y contempla hasta la facultad de arrestar –en caso de reincidencia– a quienes realicen tareas de cuidado o lavado de vehículos a cambio de una retribución económica y sin autorización. Incluye agravantes para situaciones vinculadas a organizaciones o acuerdos entre varias personas. Caso típico de esto último, son las barras de los clubes de fútbol, que regentean compulsivamente la actividad en las inmediaciones de las canchas.
Aunque se trata de un intento de normativa provincial, la aplicación de las contravenciones queda en manos de los municipios, que actuarían como autoridades responsables de promover las acciones que la ley, si se aprueba, habilitará.
Aprobación, rechazo o cambios y vuelta al Senado
De las expresiones y negociaciones de los legisladores se desprende que la voluntad mayoritaria en el interbloque oficialista de Unidos para Cambiar Santa Fe es proclive a aprobar el proyecto. La iniciativa, además, tiene el respaldo de varios intendentes. Así y todo, no hay certezas de lo que finalmente ocurrirá en la votación.
Antes de la sesión, estaba prevista para la mañana de este jueves la convocatoria a tres comisiones para buscar las firmas del dictamen.
Una de las probabilidades es que se apruebe la ley, pero con cambios. Por ejemplo, incluir jueces de faltas para las ciudades de Santa Fe y Rosario que se encarguen de aplicarla. Si así fuera, el texto deberá volver al Senado para que esa Cámara trate las modificaciones.
La Iglesia pide interpretar la situación social
Con el documento «La dignidad humana como eje de la convivencia urbana», la Iglesia católica sostuvo que la actividad de los cuidacoches está asociada principalmente a la pobreza, la informalidad laboral y la falta de oportunidades. Y por eso, señaló que la prohibición generalizada que propone el proyecto agravará los procesos de exclusión social.
No obstante, con su habitual diplomacia, el asesor espiritual de la Pastoral Social, Andrés Clausen, aclaró que la institución no se pronunciaba específicamente a favor o en contra de la prohibición, pero reclama que cualquier decisión normativa contemple criterios de gradualidad, inclusión y acompañamiento social.
«Tenemos que ofrecer caminos de inclusión y desarrollo para todas las personas. No puede quedar nadie afuera», explicó la postura el referente religioso.
La Pastoral aportó la propuesta de construir mecanismos de regulación, registro e identificación de quienes realizan la actividad, y en base a ello organizar programas de capacitación e inserción laboral.
Más contundentes en el rechazo fueron las organizaciones de derechos humanos. Guillermo Muné, integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, calificó al proyecto del oficialismo provincial como «cruento, abusivo e inhumano». Agregó que criminaliza la pobreza al sancionar actividades que, en muchos casos, se desarrollan de manera voluntaria y sin generar daños a terceros.
Además, afirmó que la iniciativa presenta serios problemas de constitucionalidad al castigar conductas que forman parte de acuerdos libres entre ciudadanos y al habilitar sanciones basadas en percepciones subjetivas sobre supuestas situaciones intimidatorias.
Intendentes a favor
Varios gobernantes locales respaldan el proyecto porque consideran que les otorga herramientas para ordenar el espacio público y enfrentar situaciones de amenazas, extorsiones o apropiación indebida de sectores de estacionamiento que les adjudican a los cuidacoches en general.
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, es uno de los que acompañan la iniciativa aunque en su caso admitió que la norma propuesta no resuelve todos los problemas que expusieron, y que el contexto en torno a ellos incluye el escenario de pobreza y exclusión estructurales.
