La Justicia provincial condenó a 21 años de prisión a Eric Rojas por su participación en el homicidio de Valeria Nasca, la mujer que había admitido actuar como testaferro dentro de la estructura empresarial vinculada al narcotraficante Esteban Alvarado. Sin embargo, a más de tres años del hecho, la investigación aún no logró determinar quién fue el autor intelectual del crimen.
El fallo fue dictado por un tribunal integrado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Lisandro Artacho y Eleonora Verón, que consideró acreditada la responsabilidad de Rojas en el asesinato cometido el 7 de mayo de 2023 frente a un galpón de la zona oeste de Rosario. Los magistrados lo encontraron culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, aunque lo absolvieron de otros cargos por falta de pruebas concluyentes.
Nasca había sido condenada en 2021 por integrar la asociación ilícita liderada por Alvarado en calidad de prestanombre. Junto con su esposo, Jorge Benegas, reconoció haber participado del entramado empresarial utilizado por la organización criminal para administrar bienes y operaciones económicas.
El día del crimen, la mujer acudió junto a Benegas a un galpón de calle Liniers al 2600 para concretar la venta de un semirremolque ofrecido a través de Marketplace. Según la investigación, fue atacada a plena luz del día por personas que llegaron en un automóvil robado y recibió dieciséis disparos. Los agresores escaparon inmediatamente después del ataque.
La pesquisa encabezada por la fiscal Marisol Fabbro permitió identificar a Rojas a partir de huellas dactilares encontradas en el Ford Focus utilizado en el operativo. El vehículo había sido robado meses antes en una concesionaria de Fisherton y fue hallado abandonado poco después del homicidio en cercanías de Parque Oeste.
Durante la investigación también surgieron elementos que vincularon a Rojas con el entorno del narcotraficante Alan Funes. Esa conexión alimentó distintas hipótesis sobre una posible planificación del crimen desde estructuras criminales de mayor alcance, especialmente porque Funes y Alvarado compartían alojamiento en el penal federal de Ezeiza en aquel momento.
No obstante, los investigadores no lograron reunir evidencia suficiente para avanzar sobre quienes habrían ordenado el asesinato. Por ese motivo, aunque la condena permite cerrar parcialmente el caso respecto de uno de sus ejecutores, continúa sin respuesta uno de los principales interrogantes de la causa: quién decidió y financió el homicidio de una mujer que conocía de cerca los negocios y el entramado patrimonial de una de las organizaciones criminales más importantes de Rosario.
