El proceso de verdad y justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina sigue avanzando. Según la última actualización de las estadísticas trimestrales presentada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, un total de 1245 personas recibieron condenas desde el año 2006, momento en que se reanudaron formalmente estos juicios en el país.
El informe detallado, elaborado por la oficina que encabeza la fiscal María Ángeles Ramos, revela que en los últimos veinte años se dictaron 365 sentencias. En esos mismos procesos judiciales, los tribunales también determinaron la absolución de 250 personas que habían sido acusadas. Estos datos se consolidan a partir de la información que envían de forma continua las fiscalías federales y las unidades fiscales especializadas que actúan a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
En este momento, se están desarrollando 13 juicios orales y públicos en distintas provincias, mientras que otras 61 causas ya terminaron su etapa de investigación preliminar y fueron elevadas a juicio, a la espera de que se fijen las fechas para sus respectivos debates.
Por otro lado, la maquinaria judicial continúa analizando la responsabilidad de cientos de personas: actualmente hay 283 procesados y 281 causas que todavía se encuentran en una etapa de investigación preliminar.
El reporte oficial también clasifica la situación jurídica del resto de los involucrados en los expedientes en trámite. Al día de hoy, 510 personas están formalmente imputadas por el Ministerio Público Fiscal, mientras que 76 ya fueron indagadas y esperan que la Justicia defina su situación legal.
En una posición diferente se encuentran 102 personas que resultaron sobreseídas y otras 175 que cuentan con «falta de mérito», lo que significa que de momento no hay pruebas suficientes para procesarlas ni para desvincularlas de forma definitiva. En cuanto a los acusados que evaden a la Justicia, el número de prófugos se mantiene estable en 33 personas.
El informe trimestral también pone el foco en las condiciones en las que se encuentran los acusados y condenados en estas causas. Actualmente, un total de 1559 personas transitan el proceso en libertad, mientras que 519 permanecen bajo arresto.
Respecto a quienes están privados de la libertad, la modalidad domiciliaria es la más extendida: 440 personas se encuentran bajo arresto en sus hogares. Por su parte, la Unidad Penitenciaria N°34, que opera dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, aloja a 61 de los detenidos, mientras que los 18 restantes cumplen su encierro repartidos en distintas cárceles federales y provinciales del país.
