Con 139 votos afirmativos del oficialismo y aliados y 97 negativos de la oposición, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto enviado por el Gobierno Nacional para pagarles a los dos últimos grupos de acreedores con demandas activas contra el Estado por el default de la deuda de 2001.
De esta manera la iniciativa recibió la media sanción que le restaba para convalidar los acuerdos de conciliación celebrados con los tenedores de deuda, a escasos días del 30 de junio, último plazo acordado con los fondos buitre para formalizar los pagos.
Ese acuerdo implica pagos por un total de US$171 millones: US$67 millones a Bainbridge Ltd. y US$104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, mediante el mecanismo denominado Entrega contra Pago (DVP), por el cual los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos.
Además se dejó establecido que serán los holdouts los que afrontarán los costos legales generados por el litigio y se incluyó una cláusula de standstill, que prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
La aprobación en el Congreso permite ahora dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de los Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
De esta manera, Javier Milei cumple con uno de los compromisos que firmó en febrero último con Donald Trump en el marco del tratado de comercio entre ambos países, cuando el mandatario argentino se comprometió a aprobar una ley para formalizar el pago a los fondos buitre.
