La Justicia citó para tomarle declaración indagatoria este martes al ex diputado libertario José Luis Espert en una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos. El expediente está centrado en el envío de 200.000 dólares desde una cuenta perteneciente al extraditado Federico Fred Machado.
Espert, quien renunció a ser candidato en 2025 al hacerse pública su relación con Machado y el cobro de ese dinero, debe presentarse por primera vez ante la Justicia. La convocatoria estaba pautada para las 10.30 ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, confirmaron fuentes judiciales.
El ex legislador recibió una transferencia de 200.000 dólares en una cuenta bancaria a su nombre en los Estados Unidos. El giro fue de la compañía Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico, ligada a Machado.
Machado está detenido en una cárcel de Texas, Estados Unidos, y aceptó declararse culpable por lavado de activos y fraude para no ser juzgado por narcotráfico, un delito que en caso de ser condenado acarrearía una pena mínima de 10 años de prisión.
Contrato de Espert con una minera más que sospechoso
En la causa a cargo del juez Mirabelli aparecen además como imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza SA, la sociedad que Espert armó con su esposa, María de las Mercedes González.
Cosentino está acusado bajo la figura de «partícipe necesario» por refrendar documentos falsos sobre origen de los fondos, que Espert siempre negó que estén vinculados a lavado y otros delitos, para poder utilizarlos en la adquisición de vehículos y operaciones inmobiliarias.
Libertario flojo de papeles
Espert justificó la tenencia de esos fondos con recibos por un contrato de locación de servicios por alrededor de un millón de dólares para asesorar a la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y cuyo representante era el propio Machado.
Pese a exhibir documentación sobre su asesoramiento a Minas del Pueblo, Espert no pudo justificar haber hecho viajes a Guatemala, y la sospecha del fiscal Fernando Domínguez es que esa empresa es una pantalla para simular facturación por servicios inexistentes.
