El Juzgado Federal N° 2 dictó un fallo que ordena la cobertura urgente del tratamiento con hormona de crecimiento. Ante los sistemáticos incumplimientos, la Justicia imputó penalmente a los directivos de OSCEARA y Ribera Salud por desobediencia judicial y abandono de persona.
La burocracia de las obras sociales volvió a chocar de frente contra el derecho a la salud de un menor en Rosario. Esta vez, la intervención de la Justicia Federal le puso un freno al abandono. El Juzgado Federal N° 2 de la ciudad hizo lugar a la acción de amparo presentada por una madre en representación de su hijo de 13 años, ordenando a la firma Ribera Salud y a la Obra Social de la Cámara de Empresarios de Agencias y Remises (OSCEARA) garantizar de manera inmediata la cobertura integral del tratamiento que el adolescente necesita para su desarrollo físico.
El chico fue diagnosticado con baja talla por déficit de la hormona de crecimiento. Su médica endocrinóloga prescribió con carácter de «urgente» la aplicación de la droga Somatotropina. El margen de tiempo es nulo: el paciente se encuentra atravesando su brote puberal, por lo que la interrupción o la falta de este medicamento provocaría daños anatómicos e irreversibles en su crecimiento definitivo.
Un costo inasumible para la economía familiar
La dosis indicada por la especialista tratante es de 5 unidades mensuales de Somatotropina 10 mg. En el mercado farmacéutico actual, cada lapicera prellenada ronda los 2,2 millones de pesos. Para la familia del menor, garantizar el tratamiento por sus propios medios implicaba una inversión que superaba los 11 millones de pesos mensuales, un número absolutamente inalcanzable para cualquier bolsillo trabajador.
Pese a la contundencia de las prescripciones médicas y al riesgo biológico inminente, la obra social negó sistemáticamente la provisión del medicamento.
De las multas a la imputación penal
La actitud de la prepaga y la obra social no cedió siquiera tras el dictado de una medida cautelar que las obligaba a suministrar la droga. Frente al persistente incumplimiento, la jueza Dra. Natalia Analía Martínez aplicó multas económicas (astreintes) que tampoco hicieron reaccionar a las prestadoras.
Ante la gravedad del desacato, la magistrada dio un paso decisivo: remitió las actuaciones a la Fiscalía Federal para que se investigue penalmente a los responsables corporativos. La imputación por desobediencia judicial y abandono de persona fue, finalmente, la única vía que forzó a OSCEARA y Ribera Salud a acatar la orden y entregar la medicación.
El diagnóstico médico por encima de las planillas de auditoría
El fallo sienta un precedente de peso para los amparos de salud en la región. En sus fundamentos, la Dra. Martínez otorgó prioridad absoluta a la palabra y al diagnóstico científico de la médica tratante por sobre las auditorías abstractas o las excusas presupuestarias de las entidades de salud.
Asimismo, la resolución remarcó que tanto la legislación nacional —en particular la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes— como los tratados internacionales con jerarquía constitucional obligan al Poder Judicial a tutelar de manera prioritaria la salud e integridad de los menores de edad, imponiendo el Interés Superior del Niño por encima de cualquier lógica mercantil o financiera.
Asesoramiento y defensa ciudadana
Para consultas o asesoramiento legal en casos similares de vulneración de derechos en el ámbito de la salud, la Asociación “Práctica Ciudadana” atiende en la sede de calle Laprida 1443, los días jueves a partir de las 18:00 horas.
Teléfonos de contacto: 341-5606773 / 341-5459703.
