Quince años bajo el terror: naturalización y violencia extrema
Joana conoció a José Mauricio Maturano a los 17 años. Él estaba privado de la libertad; una condición que atravesó la mayor parte de la relación de más de quince años. Desde sus comienzos, el vínculo estuvo signado por la violencia física, psicológica y económica. Sin embargo, la exposición prolongada al maltrato derivó en una profunda naturalización del peligro: dinámicas de empujones o agresiones verbales no eran registradas como violencia, al tiempo que los episodios escalaban a niveles de extrema gravedad, con amenazas de arma de fuego gatilladas en su cabeza, golpizas que le costaron la pérdida de piezas dentales y fracturas, y múltiples intentos de suicidio.
Documentos e informes profesionales e historias clínicas —que incluyen atenciones por heridas cortantes en antebrazos tras las fiestas de fin de año o asistencia médica por traumatismos graves en el rostro— constatan que las agresiones eran parte de una rutina sistemática. Cada intento de alejamiento o separación era neutralizado bajo la misma premisa: la amenaza directa contra su vida y la de su entorno familiar.
La extorsión como única regla: «Iba a cagar a tiros la casa»
El alcance de la coacción no se limitaba a Joana. Maturano ejerció un control asfixiante amenazando de manera directa a la hija adolescente de ambos y a la familia de origen de Joana, condicionada además por la presencia de hermanos con discapacidad. «Si no lo hacés, voy a cagar a tiros tu casa sin importar quién esté adentro».
Denuncias policiales e intervenciones previas del Fuero de Familia derivaron en órdenes de prohibición de acercamiento y en una condena a prisión por violencia de género contra el agresor que el sistema penal resolvió con penas menores que no detuvieron el hostigamiento.
En las dinámicas de dominación que ejercía el agresor, Johana funcionaba bajo el mandato del miedo. Quienes la rodeaban coinciden en el mismo diagnóstico: hacía todo lo que él le exigía porque no tenía otra alternativa para garantizar la supervivencia de su hija y de su familia.
El hecho imputado y la falta de perspectiva de género
El hecho por el cual hoy Joana enfrenta un pedido de prisión perpetua refleja el estándar con el que operan las redes de criminalidad utilizando a mujeres vulnerables. Según se desprende del propio legajo judicial, en medio de maniobras dirigidas a distancia por personas privadas de la libertad, Joana fue forzada a trasladar un paquete bajo la exigencia y el control extorsivo de su expareja. Sino lo hacía, sus hermanos corrían riesgo de vida y además no estaba informada de qué trasladaba y para qué.
Pese a que existen antecedentes judiciales que reconocen que Joana formaba parte de un «mermado ciclo de violencia» y a que los equipos interdisciplinarios han documentado de forma exhaustiva el sometimiento y la anulación de su voluntad, la acusación fiscal ha equiparado su responsabilidad a la de los ejecutores directos de los delitos, solicitando la pena máxima del código penal.
El sistema judicial ante una encrucijada
A dos años de su presentación espontánea ante las autoridades y en el marco de la revisión de su medida cautelar, la causa de Joana expone una grave falencia en los procesos penales: la falta de aplicación efectiva de las normativas internacionales de protección a las mujeres.
Juzgar a una víctima de violencia de género prescindiendo de la perspectiva de género implica ignorar el contexto de sometimiento, manipulación y terror sobre el cual se montaron los hechos. Johana no solo fue víctima de la violencia machista dentro del ámbito privado; hoy corre el riesgo de convertirse en una víctima del propio sistema penal si este decide juzgarla ignorando la historia de sometimiento que la trajo hasta acá.
