La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la que denunció violaciones a sus derechos civiles y políticos. El pedido incluye una revisión integral de la condena por la causa Vialidad, pero también un pedido para que se revoque la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso el Poder Judicial argentino.
Así lo anunciaron en una conferencia de prensa los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego.
«Esta comunicación individual no es un acto de agresión a Argentina o su sistema judicial. Es un hecho natural, previsto en la Constitución Nacional. Estamos aquí planteando que se respeten los derechos de una ciudadana de Argentina, no es un tratamiento de excepción», explicó Valim al abrir la conferencia.
Este abogado brasileño, que integró el equipo que defendió a Lula Da Silva cuando fue preso por la causa Lava Jato, explicó que la decisión que tome el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es vinculante para la Argentina, es decir, tendrá efectos concretos.
La proscripción se revisaría en meses
Durante la conferencia, los abogados explicaron que la búsqueda es que haya una sentencia de fondo, algo que podría demorar varios años. Sin embargo, la comunicación incluye una serie de pedidos cautelares que, según explicaron, podrían ser resueltos en unos pocos meses.
En primer lugar, pidieron que se suspenda la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, que le impusieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Marcelo Giménez Uribiru, del Tribunal Oral Federal 2, al condenarla por administración fraudulenta. Ese punto, que para la ex mandataria es «la pena principal», tomó firmeza hace poco más de un año cuando los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron la condena.
Para los abogados a cargo de la estrategia internacional, la perpetuidad incumple precedentes claros del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El segundo pedido cautelar es el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema, que cuenta con tres integrantes -los mismos que la condenaron- cuando deberían ser cinco.
En tercer lugar, pidieron una medida cautelar que modifique el régimen de prisión domiciliaria, para que se mitigue la dureza de las medidas: que le retiren la tobillera electrónica, que se eliminen las restricciones de visitas, que la dejen acceder al aire libre y que haya tratamiento igualitario respecto de otras personas en prisión domiciliaria. En ese marco, también incluyeron un pedido para que las autoridades no la responsabilicen por las manifestaciones frente a su domicilio, algo que ha estado en la mira de los jueces de ejecución que desde un primer momento del cumplimiento de la prisión domiciliaria le ordenaron a Cristina Kirchner que su comportamiento no altere la tranquilidad del barrio.
Cómo es el proceso
Tal como explicó Tiempo, se espera que la comunicación pase un primer filtro del Comité, en el que se verificará que existan elementos pasibles de reclamo.
Una vez que eso ocurra, la presentación será remitida al Relator Especial del Comité sobre nuevas comunicaciones, que decidirá si el caso debe registrarse y transmitirse al Estado argentino para que formule sus observaciones.
Borrego, que fue magistrado en lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de España, además de juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue el encargado de abrir la conferencia de prensa que se realizó este miércoles en un hotel del centro porteño.
«Me llamaron para ver qué había pasado en el proceso seguido contra Cristina Fernández de Kirchner. He encontrado tantísimas violaciones y arbitrariedades», afirmó. También marcó la particularidad de que Cristina haya sido elegida dos veces como presidenta, con un importante acompañamiento electoral. Señaló que pese a que «en la judicatura y la fiscalía argentina hay mayoría de mujeres, Cristina Kirchner ha conocido cuatro instancias y no ha coincidido con ninguna mujer fiscal ni juez».
Al ratificar que también se pidió la revisión total de la sentencia condenatoria, Valim afirmó que Cristina Kirchner «jamás podría haber sido condenada por los hechos imputados».
Los detalles de la presentación
«En términos jurídico-técnicos, es un escándalo lo que le hicieron a la ex presidenta. Si tomamos en serio esta condena, esta tesis, ningún presidente en Argentina va a quedar libre después de su mandato, todos van a ser encarcelados», graficó.
Los abogados de la exmandataria basaron la comunicación individual —una denuncia contra el Estado argentino— en la presunta violación de ocho artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Argentina adhirió.
Entre ellos, mencionaron el artículo 25, referido al derecho a votar y ser elegido, al considerar que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos vulnera esa garantía; el artículo 14, sobre el derecho a un juicio justo, al sostener que a Cristina Kirchner se le atribuyó responsabilidad por actos administrativos que constitucionalmente no le correspondían y que no pudo ejercer una defensa adecuada; y el artículo 14.1, que garantiza ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, al cuestionar el proceso de designación de los jueces y señalar los vínculos de estos con dirigentes opositores como el ex presidente Mauricio Macri.
Además, denunciaron la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al afirmar que en la causa prevaleció una presunción de culpabilidad y recordar que el presidente Javier Milei sostuvo públicamente que la condena fue una decisión que él mismo impulsó.
También alegaron la afectación del derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa; del derecho a la revisión de la condena por un tribunal superior, al sostener que la Cámara Federal de Casación Penal no analizó los agravios planteados; de la garantía que prohíbe el doble juzgamiento por los mismos hechos; y del derecho a un recurso efectivo. Sobre este último punto, cuestionaron tanto la integración incompleta de la Corte Suprema como la participación del juez Ricardo Lorenzetti en la decisión sobre su propia recusación.
