La prórroga de la conciliación voluntaria, con efectos de obligatoria, hasta el 11 de agosto abrió una nueva instancia en el conflicto por el cierre de la planta de caucho sintético de Pampa Energía.
En ese marco, el Ministerio de Trabajo se comprometió a convocar una mesa junto al Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe para analizar el futuro de una actividad estratégica para la provincia y el país.
El secretario general del Soepu, Mauricio Brizuela, aseguró que el sindicato continuará agotando todas las instancias para evitar el cierre y remarcó que la actuación de la Provincia será clave para defender el entramado productivo santafesino.
«Vamos a trabajar para que esta planta continúe produciendo. No estamos defendiendo solamente una fuente de trabajo; estamos defendiendo una producción estratégica que abastece a la industria nacional y que tiene un enorme impacto sobre el desarrollo del Cordón Industrial».
Brizuela valoró la decisión del gobierno provincial de incorporarse al tratamiento del conflicto a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y sostuvo que esta instancia representa una oportunidad para construir una salida.
«La decisión de cerrar la planta es de la empresa y nadie pretende trasladar esa responsabilidad. Pero la Provincia tiene la responsabilidad institucional de defender el trabajo y la producción cuando está en riesgo una actividad estratégica para Santa Fe y la Argentina. Por eso creemos que esta mesa de trabajo debe convertirse en el ámbito donde se construyan las condiciones para evitar el cierre».
El dirigente sindical también advirtió que el caso debe marcar un precedente institucional frente a decisiones empresariales de semejante magnitud.
«No puede ser que una empresa decida cerrar una producción estratégica sin presentar un estudio técnico, económico o productivo que justifique una medida de estas características. Hasta hoy no existen explicaciones públicas que permitan comprender las razones de esta decisión. Cuando está en juego una actividad estratégica para el país, el trabajo de cientos de familias y el futuro de una región, el Estado no puede permanecer al margen».
Brizuela remarcó además que la planta forma parte de un complejo petroquímico integrado, donde cualquier modificación requiere una planificación rigurosa y controles específicos.
«Estamos hablando de cuatro plantas que funcionan de manera integrada, con procesos interdependientes y con sustancias de alta peligrosidad. Un cierre de estas características no puede resolverse de manera unilateral. Deben existir evaluaciones técnicas, ambientales y de seguridad que garanticen la protección de los trabajadores, de las instalaciones y de toda la comunidad».
Finalmente, el secretario general del Soepu sostuvo que el conflicto trasciende a la planta de caucho sintético y abre un debate sobre el modelo de desarrollo que necesita el país.
«Lo que está en discusión no es solamente el futuro de una fábrica. Está en juego la capacidad de la Argentina de sostener producciones estratégicas y defender su entramado industrial. Vamos a seguir utilizando todas las herramientas gremiales e institucionales para que esta planta continúe produciendo y para que este caso siente un precedente en defensa del trabajo, la producción y la industria nacional».
