La causa por presunto lavado de activos que comenzó hace diez días dio un giro procesal este martes: Leandro «Lelo» Pérez recuperó la libertad. Tras los recientes allanamientos y las medidas de detención solicitadas en los albores de la investigación fiscal, la Justicia concedió el beneficio al considerar que no existen riesgos de fuga ni entorpece el proceso.
En diálogo con los medios, su abogado defensor, Carlos Varela, argumentó que la imputación carece de sustento sólido. «Hay una clara debilidad probatoria. No hay margen para sostener que exista peligro procesal ni riesgo de fuga. tTras analizar el expediente, no existe ningún tipo de vinculación con la comercialización de estupefacientes», enfatizó el letrado.
La controversia por la Megacausa Inmobiliaria
El legajo actual volvió a poner sobre la mesa el historial de Pérez en la llamada Megacausa Inmobiliaria. En aquel proceso, «Lelo» había aceptado un acuerdo de juicio abreviado. Sin embargo, Varela aclaró los pormenores de esa decisión y los pasos judiciales que siguieron.
«Él aceptó el abreviado en su momento simplemente porque no quería someterse a la extensión de un juicio oral. Sin embargo, cuando el resto de los imputados fue a juicio, la Justicia demostró que no había existido lavado de activos y resultaron absueltos en tres instancias», explicó Varela. Por esta razón, la defensa presentó un juicio de revisión para anular la condena firmada en dicho acuerdo.
El conflicto por el inmueble decomisado
El abogado también cruzó los anuncios realizados por el secretario de Gestión Registral de la provincia, Matías Figueroa Escauriza, quien en conferencia de prensa había presentado como un logro estatal la recuperación de un edificio vinculado a la investigación.
Según la defensa, el inmueble en cuestión nunca formó parte del patrimonio de Pérez:
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Propiedad de un tercero: Varela remarcó que el edificio pertenece a un amigo de Pérez, quien lo ofreció como garantía (con un valor que duplicaba el monto exigido) para saldar la multa del juicio abreviado, dado que Pérez se encontraba inhibido.
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Sin «narcolavado»: Insistieron en que la propiedad jamás estuvo vinculada a maniobras de lavado provenientes del narcotráfico.
Finalmente, la defensa advirtió sobre las consecuencias patrimoniales para la provincia en caso de avanzar con el remate del bien. «El edificio debe volver a manos de su legítimo dueño. Si el Estado decide llevarlo a subasta, en el futuro van a tener que devolver el dinero e indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados», concluyó Varela.
