Según la información oficial solicitada por el medio Chequeado, desde 2024 hasta mayo de 2026, el Gobierno nacional invirtió en obras hídricas 116 mil millones de pesos, pero la recaudación del impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) con asignación específica para ese fin sumó 375.400 millones de pesos. Es decir: sólo ejecutó el 31% del total al que lo obliga la ley. ¿Y el resto? En junio de 2026, el fondo fiduciario alimentado por el gravamen que se cobra con cada carga en el surtidor mantenía 290 mil millones de pesos invertidos en Letras del Tesoro (títulos de deuda emitidos por el Gobierno) y 247 millones en plazos fijos. Además, había 49 mil millones de pesos en depósitos a la vista (disponibles para utilizarse).
El desvío de los fondos cuyo destino específico establece la ley 26.181 de 2006 fue constante durante la gestión de Javier Milei. En 2024, la ejecución fue del 12% (gastos por 11.500 millones de pesos pero una recaudación de 94.400 millones). En 2025, fue del 24% (43.400 millones de pesos en obras sobre una percepción impositiva de 184.300 millones). En este 2026, hasta mayo, fue mayor: del 63% (se gastaron 61 mil millones de los 97.600 millones percibidos).
El financiamiento de las obras hídricas en el país está ligado principalmente al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL): un porcentaje del mismo alimenta al Fondo Hídrico de Infraestructura creado en 2001 por decreto. El fondo se construye con una parte de la venta de naftas y GNC.
Cada vez que se carga combustible, una proporción del impuesto (4,3%) se afecta de manera específica a proyectos hídricos. Ese dinero debe financiar obras de infraestructura, mitigación de inundaciones, recuperación de tierras productivas y saneamiento. Es una asignación específica, que no se puede cambiar a discreción. Sin embargo, eso sucede.
Antecedentes de usos irregulares
Durante los primeros años de funcionamiento, los movimientos del fondo hídrico podían seguirse a través de un sitio oficial de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (Ucofin). Allí aparecían publicados pagos, beneficiarios y conceptos.
En rigor, el desvío de lo recaudado hacia fines ajenos a los que se fijaron en 2006 no es nuevo. Una investigación publicada por el diario La Nación en septiembre de 2012 detectó que más de 16,2 millones de pesos habían sido asignados a actividades vinculadas a un stand en Tecnópolis en vez de a obras hídricas.
El entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, reconoció ese uso irregular de recursos, pero relativizó el desvío al señalar que el monto en cuestión no era «significativa» en relación con el volumen global de recursos del fideicomiso sí destinados a obras hídricas.
Las cuentas fiscales no cierran y Caputo manotea fondos
El ICL grava la compra de combustibles y, a diferencia de la mayoría de los tributos, no es un porcentaje sino un monto fijo. En agosto de 2026, la cifra que estableció el Ejecutivo fue 387,7 pesos por litro de nafta. Es bastante: más del 15% del precio final. Para el gasoil, fue de 294,1 pesos por litro.
En lo que va de la gestión Milei, el ICL recaudó, a precios actuales, casi 15 billones de pesos. En los primeros siete meses de este 2026, hubo un incremento real interanual (descontando inflación) del 22,2%. En comparación con el mismo período de 2023, el aumento fue del 93,7%, también real. La Libertad Avanza, que prometió bajar impuestos, en este caso lo incrementó al doble. Y desvió gran parte de lo recaudado.
Cómo debe repartirse lo recaudado en los surtidores
Del total percibido por el ICL, según la ley, el 28,69% debe destinarse a la Ansés, el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, el 15,07% al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), el 10,4% al Tesoro nacional y otro 10,4% a las provincias. El 4,31% debe ir para obras hídricas y un 2,55% al fondo de compensación de transporte público. Para los famosos subsidios que la Casa Rosada también retacea a las provincias.
De los surtidores a la especulación financiera
Como los recursos para la infraestructura hídrica, el Fideicomiso de Infraestructura del Transporte también fue subejecutado. Este fondo se divide en tres programas, destinados a financiar obras de infraestructura vial (Sisvial) y compensaciones al transporte de colectivos (Sistau) y ferroviario (Sifer).
De acuerdo con lo informado por el Gobierno, el Sisvial recibió del ICL 827 mil millones de pesos entre 2024 y 2025, pero la Dirección de Vialidad Nacional realizó obras por apenas 381 mil millones. Es decir, el 34% de lo que está obligado.
El medio Chequeado consultó al Ministerio de Economía sobre el destino del resto de los fondos, pero no obtuvo respuesta. Y recientemente, una investigación del diario La Nación reveló que, de 1,5 billones de pesos recaudados hasta mediados de 2026, el Gobierno ejecutó sólo la cuarta parte. En cambio, derivó más de 1 billón a inversiones financieras.
En el caso del Sifer (ferroviario), la recaudación ascendió a 332.500 millones de pesos. La administración nacional repartió en compensaciones a las empresas ferroviarias 230.700 millones, el 69,4% del total. Mientras que los giros a las empresas de colectivos, por el contrario, superaron ampliamente los 634 mil millones recaudados.
