El caso Fibertel, la firma del Grupo Clarín que prestaba servicio de internet y caducó por irregularidades en su licencia para operar en el mercado, sigue conectado a un debate que muestra un fuerte trasfondo político y económico. Después de la reciente resolución judicial en Mar del Plata que ordena “garantizar la migración de los abonados” de la extinta empresa, el ministro de Planificación Julio de Vido insistió ayer en que “el Estado busca proteger a los usuarios” y consideró que “el fallo de la Justicia apunta a eso”.
En la resolución 100 (del 19 de este mes) firmada por el titular de la Secretaría de Comunicaciones, Carlos Salas, el organismo declaró entre sus considerandos la caducidad de la licencia de Fibertel para prestar servicios de telecomunicaciones y dispuso un plazo de 90 días para la implementación de las medidas necesarias para la migración de los clientes on line.
“Lo más importante para nosotros es la protección al usuario. El fallo no cuestiona la resolución 100 ni 102, sólo está pidiendo que en diez días le informemos qué medida vamos a adoptar para instrumentar lo que él ordena en su medida cautelar”, dijo el funcionario nacional en referencia al traslado de los usuarios de Fibertel hacia otras empresas que brinden el mismo servicio.
De Vido formuló sus declaraciones luego de que la Justicia federal marplatense emitiera su decisión de privilegiar a los abonados de la ex Fibertel en el marco de una acción presentada por una asociación que defiende a los consumidores. Desde el Ministerio de Planificación Federal expresaron que “el juez (Alfredo López) ordenó una medida cautelar en la que solicita tanto al Estado como a las empresas Cablevisión y Fibertel arbitrar en forma inmediata los medios necesarios a fin de asegurar la migración de los abonados y la continuidad del servicio en idénticas condiciones”.
De Vido continuó: “En el mercado hay ofertas suficientes, hay más de 400 compañías en condiciones de adoptarlas, ya que hoy Fibertel brinda servicios en 135 localidades de la Argentina, y la Argentina tiene 2.600 municipios y sociedades de fomentos y comunas”.
En la misma sintonía, el ministro De Vido agregó: “Ahora hay 90 días hábiles desde el dictado de la resolución (para optar por otras empresas), igualmente nosotros vamos a explicarle al juez que es un tiempo referencial”, y ofreció que “si es necesario hacer alguna modificación para proteger al usuario, haremos lo que al usuario le convenga”.
“Lo que nos interesa es que la gente haga la migración y deje de estar de rehén”, sostuvo, y agregó que en el marco de la “profunda concentración que hizo el Grupo Clarín, nunca le autorizamos la fusión y ellos en forma unilateral la realizaron aunque el Estado nunca la aceptó, nunca pensamos que iban a autolegitimarse”.
“Además lo hicieron ante los usuarios porque cuando fueron a informar a las autoridades de las bolsas donde cotizaban siempre decían que tenían un grave factor de riesgo, que era la falta de autorización de la licencia por parte de la autoridad de aplicación y de la autoridad regulatoria”, concluyó.
