Uno de los fundadores de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y titular de la ONG Fundavida, Edgardo Moreira, afirmó ayer que el anegamiento de tierras en la cuenca del arroyo Ayuí, en la provincia de Corrientes, “es un crimen ambiental, porque un río no puede ser represado por un particular para sembrar arroz”.
Así se refirió al Proyecto Ayuí Grande, una iniciativa del vicepresidente de Clarín, José Aranda, y del magnate de origen húngaro George Soros, quienes planean la creación de un lago artificial de 8.000 hectáreas para el riego de sus cultivos de arroz, que entre las explotaciones de ambos suman una superficie de 18.000 hectáreas.
El Ayuí desemboca en el río Miriñay, uno de los principales efluentes del río Uruguay, razón por la cual el arrastre de sedimentos podría generar para la Argentina un conflicto similar al que ocasionó –a la inversa– para el gobierno uruguayo la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos.
Moreira explicó: “El Ayuí es un afluente del río Uruguay. Dos empresarios, Aranda y Soros, compraron 20 mil hectáreas y han hecho un lobby con el gobierno provincial para lograr un decreto que autoriza hacer una represa. Es un privado que compra un río para represarlo y eliminar el bosque nativo para sembrar el arroz que viene fumigado, es transgénico porque para crecer necesita agro tóxicos”, dijo ayer el ambientalista en radio América.
El asambleísta expresó que en esa zona de Corrientes “hay una biodiversidad de monte nativo con agua que tendría que ser declarada reserva ambiental”. “Es un crimen ambiental. Un río no puede ser represado por un particular”, concluyó.
En Uruguay ya están en guardia
En la nación oriental ya se comenzó a hablar de la construcción de la polémica represa que alientan Aranda y Soros. El periódico digital Uruguay al Día dedicó su portada de ayer a este tema: “Represa argentina podría contaminar el río Uruguay”.
El arquitecto Rubens Stagno, dirigente del Frente Amplio que integra la Delegación Uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) aseguró que si bien se trata de un emprendimiento en la Argentina, al tratarse de un efluente del río compartido por los dos países, y dado el eventual impacto ambiental sobre el curso de agua, debería analizarse detenidamente la situación. La presentación de Buenos Aires ante el Tribunal de La Haya en el conflicto de Botnia tuvo precisamente ese fundamento de falta de consulta.
En este sentido la Caru evaluó en uno de sus documentos internos que al proyecto “podrían resultarle de aplicación los artículos 7 al 12 del Estatuto del Río de Uruguay”, que data del año 1975. Allí se especifica que “la parte que proyecte cualquier tipo de obra u aprovechamiento de las aguas del río que pueda llegar a tener entidad suficiente para afectar la calidad de las mismas deberá ser comunicado” a la comisión binacional.
