El Sahara Occidental volvió al centro de la atención mundial tras la muerte de al menos 11 personas, la semana pasada en el desmantelamiento de un campamento de independentistas saharauis en esta zona del noroeste de África, cuyo control de facto por Marruecos no es reconocido por la comunidad internacional.
El desmantelamiento del campamento y los posteriores enfrentamiento en El Aaiún, capital del Sahara Occidental, constituyeron los hechos de violencia más graves desde el alto el fuego acordado en 1991 entre Marruecos y el Frente Polisario, que lucha por la independencia de la ex colonia española.
Las fuerzas de seguridad «liberaron» el campamento de Gdaim Izik de forma “pacífica”, y sin efectuar “ni un solo disparo”. “No hubo genocidio ni se perpetraron crímenes contra la humanidad”, aseguró hoy el ministro de interior marroquí en conferencia de prensa en Madrid.
Según Cherkaui, el campamento estaba controlado por “milicias armadas” cuyo comportamiento “brutal” demuestra que contaban con un “entrenamiento especializado” que recuerda “actos de Al Qaeda y otros grupos terroristas en la región del Sahara y el Sahel”.
El ministro marroquí viajó hoy a España, donde fue recibido por su par español, Alfredo Pérez Rubalcaba, con quien abordó asuntos bilaterales como la cooperación en inmigración y terrorismo en medio de la crisis del Sahara mientras decenas de jóvenes protestaban en apoyo al pueblo saharaui.
Tras la reunión no hubo conferencia conjunta pero más tarde ambos funcionarios hicieron declaraciones por separado.
Rubalcaba informó que le trasladó a su par marroquí la “grave preocupación” del gobierno español por las denuncias sobre los hechos que se estaban produciendo en El Aaiún, y que Cherkaui refutó las acusaciones y se comprometió a investigar y aportar todos los datos que solicite España.
El “número dos” del gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero no aclaró si acepta como “buenas” las explicaciones marroquíes pero sigue sin condenar la actuación marroquí como exigen la oposición, los partidos de izquierda, sindicatos y ciudadanos que se manifestaron en Madrid el pasado fin de semana.
La Ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, insistió hoy en el Senado que “no se puede condenar hasta que los hechos denunciados no sean probados”.
Rubalcaba también indicó que hizo llegar a Marruecos el reclamo de la prensa española de acceder a El Aaiún y que espera tener una respuesta en los próximos días.
En ese sentido, Cherkaui apeló a la soberanía de su país para impedir la entrada de la prensa española a la que volvió a acusar de “parcial”, de “tergiversar” los hechos y de “defender las posturas de los separatistas”.
El ministro alauí detalló que hubo diez víctimas entre las fuerzas de seguridad y un civil –con pasaporte español- que falleció atropellado por un vehículo en El Aaiún, mientras desvinculó de los hechos de violencia la muerte de un saharaui afectado por una pulmonía aguda.
Sin embargo, el Frente Polisario dice que no es posible establecer una cifra concreta de víctimas debido a la imposibilidad de acceder a la zona aunque eleva los muertos a 37, al tiempo que denunció “limpieza étnica” y “genocidio”, tras la desaparición de cientos de personas.
También activistas extranjeros que permanecen escondidos en El Aaiún denunciaron ayer a través de un vídeo que están siendo testigos del “genocidio que está cometiendo el régimen marroquí sobre la población saharaui” y exigieron la actuación urgente de la ONU para detener la “masacre”.
