El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández, brindó detalles sobre la investigación en curso que involucra a personal policial de la planta verificadora de la ciudad de Esperanza y que tiene presos a cuatro policías y una gestora.
Según explicó el funcionario en diálogo con la radio LT10, los policías cobraban dinero en efectivo y mediante transferencias bancarias para confeccionar y firmar formularios oficiales del Registro de la Propiedad Automotor sin realizar la correspondiente inspección física de los rodados. Esta práctica provocó que el Estado perdiera el control sobre la transferencia de bienes registrables.
La investigación determinó que los montos exigidos de manera irregular ascendían a 50.000 pesos por cada formulario de automóvil y 30.000 pesos por cada motocicleta, ganancias que iban directamente a los bolsillos de los efectivos. Únicamente durante el mes de agosto, se constataron al menos 64 maniobras irregulares —48 autos y 16 motos—, lo que representó una recaudación ilegal de 2.880.000 pesos. Las operaciones se realizaban a través de una gestora que presentaba la documentación y abonaba la tarifa sin llevar nunca los vehículos a la sede policial.
En cuanto a la tipificación penal del hecho, el fiscal sostuvo que la conducta encuadra claramente en el delito de cohecho pasivo para los policías y activo para la gestora. En sus declaraciones radiales, Hernández remarcó, siempre ante la radio LT10: «Es un cohecho de manual. En lo que vulgarmente se dice coima, se cobra un dinero, es un funcionario público que cobra un dinero, una dádiva a cambio de hacer o dejar de hacer algo propio de su función». Asimismo, precisó que se trataba de una especie de «servicio de verificación simplificada» y que es muy probable que los clientes no supieran que el trámite se realizaba de forma ilícita.
Hasta el momento son cuatro los funcionarios policiales implicados, habiéndose detectado que la metodología venía ejecutándose al menos desde 2024 y 2025. Uno de los imputados ya cuenta con prisión preventiva dictada por 30 días tras un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa. En tanto, los otros tres efectivos permanecen detenidos y serán formalmente imputados entre el martes y el miércoles de la próxima semana.
Por el momento, las autoridades descartaron que la maniobra estuviera destinada a encubrir el robo de automóviles o a facilitar el accionar de bandas criminales. No obstante, el fiscal advirtió sobre las eventuales complicaciones futuras para los compradores en caso de que los números de chasis o motor no coincidan durante posteriores verificaciones. La investigación continúa abierta para determinar si existen otros funcionarios o particulares involucrados en la red de corrupción.
