Por Luciano Vigoni/ Especial para el Ciudadano
La controversia judicial se desató tras la aprobación de la reforma del Régimen Penal Juvenil que planteó la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años. Ante este escenario, la Federación de Centros Barriales Familia Grande Hogar de Cristo, encabezada por el sacerdote José María «Pepe» Di Paola, presentó un hábeas corpus preventivo colectivo advirtiendo sobre la falta de infraestructura, presupuestos y condiciones adecuadas para alojar a chicos de esa edad sin profundizar la vulneración de sus derechos. A raíz de este planteo, la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil dictó una medida cautelar que suspendió provisoriamente la aplicación de la norma, exigiendo precisiones y garantías al Ejecutivo estatal antes de efectivizar el encierro de menores de 14 y 15 años.
Desde que la jueza bonaerense dictó la suspensión de la aplicación de la nueva ley penal juvenil, la sobreactuación política estuvo a la orden del día. Como viene siendo costumbre en nuestro país, en las provincias y también en las ciudades, cada vez que se discuten temas importantes para la vida en sociedad, la complejidad vuelve a reducirse a una disputa entre buenos y malos y a respuestas lineales para problemas que no lo son.
En este caso, la respuesta vuelve a ser la misma: endurecimiento y castigo.
Lo que molesta no es la medida cautelar, que suspende provisoriamente la aplicación de la norma y pide algunas precisiones a quienes deben ejecutarla. Lo que realmente incomoda es que el hábeas corpus presentado por el padre Pepe va al corazón del verdadero problema que tiene nuestro sistema penal juvenil.
El padre Pepe es un tipo sensible, conocedor de los padecimientos de los niños, niñas y adolescentes que viven en los sectores populares. Conoce a los adolescentes que pasan por el sistema penal, pero también conoce a quienes no pasan por él y a los que son víctimas de las violencias. Sabe, además, que en la enorme mayoría de los casos unos y otros viven en los mismos barrios, comparten escuelas, clubes, calles y familias, y que toda situación de violencia rompe los vínculos, las relaciones, en definitiva deteriora aún más una comunidad que ya está muy deteriorada.
Por eso sabe algo que muchas veces la discusión política parece olvidar: la edad y el tiempo de encierro, por sí solos, poco hacen para reducir las violencias.
La prevención, las condiciones de encierro y las posibilidades de construir trayectorias alternativas van a ser elementos esenciales para explicar si efectivamente logramos reducir los niveles de violencia. Y claro que estos son elementos estructurales, porque estamos hablando de acceso al trabajo, a la educación, a la cultura, al deporte y de la posibilidad de construir vínculos comunitarios a lo largo del tiempo que permita acompañar la vida de los niños, niñas y adolescentes.
Todos sabemos que los homicidios cometidos en ocasión de robo resultan sumamente dolorosos. Generan conmoción y mucha tristeza. La impotencia y el dolor, en primera medida, son de los familiares de las víctimas. Pero también quienes ponen su vida al servicio de la comunidad, quienes habitan organizaciones sociales, clubes, escuelas y quienes viven en lugares donde la violencia es cotidiana resultan profundamente afectados por este tipo de hechos. Esto es importante decirlo: nadie, ningún sector político, social o religioso se pone contento ante una muerte, ni plantea que debe quedar impune y no hacer nada porque es menor. La discusión es qué hacemos con ese pibe, porque hasta aquí endurecer penas y bajar la edad sosteniendo las condiciones en que son detenidos solo trae más violencias.
Nadie que trabaje o viva en esos territorios puede ser indiferente frente a un adolescente que comete un delito grave.
En la discusión pública, nadie se atreve a decirlo con claridad, pero tampoco hace falta: quienes hacemos, pensamos y discutimos políticas públicas sabemos que los delitos graves son una preocupación central. El problema es que la respuesta es sumamente compleja.
Y allí aparecen las dificultades de los gobiernos para pensar instituciones y trayectos alternativos. Espacios donde la educación, el deporte, la cultura y la reflexión permitan a un adolescente asumir responsabilidades sobre lo sucedido y, al mismo tiempo, construir otra posibilidad para su vida.
Experiencias de este tipo existen en nuestra provincia. Algunas tienen más de diez años. Sin embargo, no son las que priman ni las que aparecen en el centro de la discusión pública.
Porque las condiciones actuales de encierro, muchas veces, no reducen las violencias: las reproducen.
Un pibe entra con una historia de violencia y puede salir con mayores niveles de enojo, resentimiento y aprendizaje de nuevas violencias. Encerrar a jóvenes de 14 años junto a jóvenes de 18, en determinadas condiciones institucionales, no necesariamente reduce el delito. Puede aumentar las violencias.
El propio informe del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe muestra que la prioridad de la persecución penal está puesta en los delitos graves, entre ellos los homicidios y las tentativas. Entonces, no es cierto que quienes cuestionamos la baja de edad pretendamos no hacer nada frente a un adolescente que comete un delito grave.
El problema es otro. Es qué hacemos con él.
Porque el encierro tiene dimensiones que ningún conocedor de esta problemática puede desconocer. Una es el consumo problemático. La otra son los padecimientos de salud mental. Y en adolescentes, muchas veces, las condiciones pueden ser todavía peores que en el sistema de adultos.
El gran tema es el tiempo.
¿Qué hacen durante todo el día los pibes encerrados?
En muchos pabellones pasan la mayor cantidad del tiempo encerrados, sin actividades suficientes. Sabemos, además, que después de la pandemia las condiciones de encierro se agudización y que cuando la convivencia se vuelve permanente, sin actividades y sin espacios de elaboración, todo se tensa.
El encierro termina siendo, demasiadas veces, depositar pibes para que pasen el tiempo encerrados. El deporte aparece casi semanalmente. La educación muchas veces es una propuesta pensada desde el sistema de adultos y no una propuesta cotidiana que insuma horas y construya sentido. Los tratamientos vinculados a los padecimientos de salud mental son escasos y, muchas veces, precarios.
Esto es lo que discute el padre Pepe.
En estas condiciones, se pretende encerrar también a pibes de 14 años junto a jóvenes de mayor edad.
Y mientras discutimos esto, tampoco deberíamos dejar de mirar qué sucede con todos los demás adolescentes que transitan por el sistema penal y que serán destinados a las llamadas medidas “socioeducativas”, un término que muchas veces termina siendo un eufemismo si no está acompañado de instituciones, recursos y propuestas concretas.
A muchos nos interesa discutir qué políticas tener para quienes cometen delitos graves. Pero también nos interesa discutir qué hacemos con quienes transitan por el sistema penal antes, durante y después de una medida judicial.
Porque las implicancias de las violencias siempre son comunitarias.
Una violencia rompe vínculos, tensiona la escuela, tensiona el club, afecta a las familias y modifica la vida cotidiana de un barrio entero. Por eso no alcanza con pensar solamente en el adolescente que cometió el delito. Hay que pensar también en las víctimas, en sus familias y en la comunidad en la que todos ellos viven.
Por eso, endurecer las penas y sobreactuar opiniones puede ser una buena estrategia para una conferencia de prensa, pero es una pésima estrategia para discutir políticas públicas. Porque esquiva los temas profundos.
¿Cuál es la cotidianeidad de miles de pibes y pibas que cada vez tienen más dificultades para terminar la escuela? ¿Qué pasa con quienes no acceden a practicar un deporte o a participar de un espacio cultural? ¿Qué sucede cuando la economía ilegal forma parte de la subsistencia cotidiana de un barrio? ¿Qué pasa con familias endeudadas, con adultos atravesados por el pluriempleo y con niños que pasan demasiado tiempo solos?
El informe del Ministerio Público de la Acusación muestra, además, otra dimensión que debería interpelarnos: los suicidios constituyen una de las principales causas de muerte violenta en la provincia. Son 448 suicidios registrados en 2025.
Mientras discutimos bajar la edad de imputabilidad, hay una realidad mucho más amplia que estamos mirando poco.
Los problemas estructurales siguen siendo el trabajo y cómo acompañamos la vida de miles de pibes y pibas. Cómo reconstruimos comunidad. Cómo volvemos a generar vínculos entre adultos y jóvenes. Cómo hacemos que la escuela no esté sola, que el club no esté solo, que las organizaciones no estén solas. Cómo construimos espacios donde el deporte, la cultura, la educación y el acompañamiento puedan disputar sentidos con las economías ilegales y con las violencias.
Esto no quiere decir no hacer nada frente a un adolescente que comete un delito grave. Quiere decir exactamente lo contrario: tomarnos en serio el problema.
Porque si sabemos que las actuales condiciones de encierro pueden reproducir las violencias, bajar la edad sin discutir qué instituciones vamos a construir puede terminar produciendo, a la larga, más violencia y no menos.
La pregunta que deberíamos hacernos como sociedad es qué queremos que suceda con un pibe después de que cometió un delito y en particular qué pasa con los delitos graves.
Si queremos que asuma responsabilidad capaz de resignificar lo que pasó, necesitamos instituciones que hagan posible esa responsabilidad. Si queremos reducir las violencias, necesitamos trabajar sobre las condiciones que las producen. Y si queremos cuidar a las víctimas y a las comunidades, necesitamos políticas que no lleguen solamente después del delito.
La discusión sobre la edad puede ocupar todos los titulares.
Pero la verdadera discusión sigue siendo otra: qué hacemos para que un pibe pueda construir otra vida y para que un barrio pueda vivir con menos violencia.
Ahí está el desafío. Y ahí, mucho más que en la sobreactuación política, se juega la política pública.
