A poco más de mil días del gobierno, Milei podría afirmar que cumplió con la promesa de ejecutar el “ajuste más grande de la historia”. La pregunta que sigue sería con qué objetivos y sobre qué sectores aplicó la motosierra. Tras el shock inicial implementado al comienzo del mandato, la reducción del presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) continuó de manera ininterrumpida y estable, afectando partidas sensibles para educación, obras públicas, programas de asistencia a sectores vulnerables, jubilaciones y transferencias a las provincias. Las contracciones interanuales constantes promedian una baja cercana al 32 por ciento en términos reales. Con la mayor reducción en 2026, acumula una baja de 14 puntos porcentuales del PBI en tres años.
Los datos se desprenden del último reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a un análisis sobre el comportamiento del gasto devengado, que explica aproximadamente el 85 por ciento del gasto del Sector Público nacional, y de cara al proyecto de presupuesto nacional para 2027 que ingresará el 15 de septiembre al Congreso. Restará ver si el Gobierno repite la receta.
En un esquema de “ajuste indirecto”, las decisiones de caja del Tesoro durante los tres años que van de gestión libertaria trasladaron el costo de la “consolidación fiscal” a la gestión cotidiana de las provincias y a la contención social en el territorio. Como un perro que se muerde la cola, las consecuencias de los recortes anuncian recesión.
Obra pública en cero
La partida de bienes de uso —donde se computa la ejecución de la infraestructura financiada por el Estado nacional— experimentó un derrumbe real acumulado del 83,6 por ciento, convirtiéndose en uno de los rubros con mayor nivel de parálisis de toda la administración.
Se suspendieron licitaciones, se neutralizaron contratos en ejecución y se frenó la construcción de rutas nacionales, puentes, redes de agua potable, cloacas, viviendas sociales, obras de control de inundaciones y la ampliación de infraestructura escolar y universitaria.
La decisión no solo afectó el patrimonio de infraestructura del país; además, generó la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo directos en el sector de la construcción y obligó a varias provincias a endeudarse o discontinuar las obras.
Financiamiento federal, afuera
Las transferencias corrientes a provincias y municipios registraron un desplome real del 86,6 por ciento acumulado, transformándose en el rubro con mayor contracción porcentual de todo el presupuesto nacional. Esta partida, que representaba casi el 6 por ciento de la totalidad del gasto primario antes del cambio de gestión, prácticamente desapareció del esquema de giros de la Nación, detalla el informe.
A este hachazo vertiginoso se le suma la parálisis casi total de los recursos para infraestructura. La partida de bienes de uso —donde se computa la ejecución de la obra pública en las provincias— se redujo un 83,6 por ciento en términos reales. El freno simultáneo en las obras de conectividad, agua potable, vivienda y vialidad nacional obligó a las administraciones locales a suspender proyectos o asumir con recursos propios, cada vez más escasos por la baja de la recaudación, obligaciones que históricamente contaban con cofinanciamiento nacional, tensionando la relación fiscal y política entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Doble motosierra a la educación
La inversión en el sistema educativo nacional y superior se convirtió en otro de los focos del ajuste. Las transferencias dirigidas a las universidades nacionales anotaron una contracción real acumulada del 39,7 por ciento. Esta retracción en los fondos de funcionamiento y salarios docentes representó el 5 por ciento de la explicación total de la baja del gasto público nacional, sostiene el IARAF.
El impacto en la función educación no se limitó únicamente al ámbito superior. El cierre o licuación de programas nacionales de apoyo pedagógico, la paralización del financiamiento para equipamiento tecnológico e infraestructura escolar y la interrupción del envío de fondos de incentivo docente a los estados subnacionales llevaron a que la inversión nacional en educación retrocediera a niveles que no se registraban en la última década en proporción al producto bruto.
Menos contención social
Si bien el discurso oficial sostuvo en reiteradas oportunidades la intención de blindar los recursos destinados a la contención de los sectores de menores ingresos, la “radiografía” del gasto -de acuerdo al reporte- indica una fuerte licuación y contracción de las partidas de asistencia. La categoría que agrupa las ayudas sociales directas a las personas y las asignaciones familiares registró una baja en términos reales del 30,6 por ciento.
Debido a que el rubro de ayuda social representaba originariamente un 16 por ciento de la estructura de erogaciones primarias del Estado, esta reducción real explicó por sí sola el 14,4 por ciento de toda la reducción del gasto público acumulada por el Gobierno.
La reorganización de los programas con intermediarios, la falta de actualización frente a los índices de inflación acumulada y la reestructuración de los esquemas de comedores y subsidios derivaron en un significativo achicamiento de la cobertura social en términos de poder de compra.
Los que más perdieron
El 42 por ciento del ajuste total realizado por la APN se explica por el recorte de transferencias a:
- Empresas Públicas y Fondos Fiduciarios: explicaron el 23,6 por ciento del ajuste global (caída del 62,1 real en sus partidas).
- Al sector privado (subsidios a energía y transporte): aportaron el 14,9 del recorte total (baja real del 59,3).
- Ayudas sociales a personas y Asignaciones Familiares: sumaron el 14,4 de la caída presupuestaria (caída real del 30,6).
- Provincias y Municipios: concentraron el 13 por ciento del ajuste total (con un recorte real del 86,6).
Gastos de Personal: ocuparon el 10,6 de la reducción (caída del 28,9 por bajas de personal y readecuación salarial). - Jubilaciones y Pensiones: significaron el 10,1 de la baja general (con una caída real contenida del 8,2).
- Obra pública y Bienes de uso: incidieron en 5,2 por ciento sobre la baja total (reducción real del 83,6).
- Universidades Nacionales: concentraron el 5 por ciento de la reducción general del gasto (caída real del 39,7).
