Las cifras sobre el estado de las cuentas públicas en la provincia de Santa Fe durante el primer semestre de 2026 abrieron un debate técnico y político a partir de dos resultados que parecen contradictorios, pero que responden a distintas metodologías de análisis contable. Por un lado, el Ejecutivo provincial anunció un superávit económico de 48.038 millones de pesos; por el otro, informes de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y sectores de la oposición advirtieron sobre un déficit financiero que alcanza los 717.739 millones de pesos.
La diferencia radica entre el denominado «resultado económico» y el «resultado financiero». El informe del Ministerio de Economía, a cargo de Pablo Olivares, mide los recursos a través del resultado económico: la brecha entre los ingresos corrientes (recaudación propia, coparticipación federal y rentas) y los gastos de funcionamiento habituales del Estado (salarios, jubilaciones, subsidios y servicios). En este renglón, los ingresos sumaron 6,998 billones de pesos frente a gastos de 6,950 billones, lo que arrojó un saldo a favor que el Gobierno atribuyó a una gestión eficiente de los recursos para sostener servicios esenciales como salud, educación y seguridad, en un contexto marcado por el retiro de fondos de la Nación.
Sin embargo, al incorporar el «gasto de capital» —es decir, la inversión destinada a obras públicas, compra de maquinaria y equipamiento— la ecuación cambia de signo para mostrar el resultado financiero. Al sumar las erogaciones en infraestructura, el balance pasa a terreno negativo por más de 717 mil millones de pesos. Desde la oposición, el diputado provincial y exministro de Economía Walter Agosto señaló que este rojo representa el 10,2 % de los recursos totales del Estado, ubicándose como el déficit fiscal semestral proporcionalmente más elevado de la última década.
Desde la Casa Gris explicaron que este resultado financiero negativo refleja contablemente el esfuerzo presupuestario volcado a sostener la inversión pública frente al recorte nacional. Según detalló la cartera económica, el plan de obras del primer semestre no generó endeudamiento no planificado ni deuda flotante con proveedores. El financiamiento de la infraestructura se cubrió en un 70,26 % con ahorros y fondos acumulados de los superávits de 2024 y 2025, un 11,61 % con ahorro del propio ejercicio, un 6,58 % mediante créditos específicos para obras, y el porcentaje restante a través de convenios bancarios y recupero de anticipos.
