El fiscal adjunto de Venado Tuerto Mauro Blanco, suspendido por la Legislatura a raíz de una causa en la que se lo vincula con una banda dedicada a la venta de drogas, fue imputado por 9 hechos y el juez le dictó la prisión domiciliaria. Estaba preso desde el viernes pasado luego de un operativo que incluyó 16 allanamientos, cuatro de los cuales fueron en la vecina provincia de Córdoba.
La investigación del caso está a cargo del fiscal de Reconquista Leandro Mai y este lunes fue acusado. “En primer lugar, realizamos la imputación de nueve hechos ilícitos”, informó Mai.
“Se le endilgó la autoría de enriquecimiento ilícito de funcionario público junto a los omisiones de insertar datos en la declaración jurada, de denunciar, de los deberes de funcionario público; cohecho (soborno) pasivo agravado por ser miembro del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en dos hechos; incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal; violación de los deberes de funcionario público; revelación de información secreta e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y allanamiento ilegal”.
Mai agregó que “luego se debatió acerca de la legalidad de la detención del imputado. Si bien los abogados defensores plantearon objeciones, el juez resolvió declarar legal la detención”, agregó.
La Fiscalía pidió la prisión preventiva sin plazo y el magistrado resolvió imponer la prisión preventiva domiciliaria. “El magistrado fundamentó su decisión en cuestiones familiares, puntualmente, refirió a la existencia de jóvenes a cargo del imputado”, señaló Mai.
“Por otra parte, el magistrado consideró que había evidencias suficientes en cuatro de los nueve hechos ilícitos atribuidos: el de enriquecimiento ilícito; uno de los cohechos pasivos agravados; la violación de secreto y el incumplimiento de los deberes de funcionario público y se ordenó la inscripción de los bienes del imputado como litigiosos”.
Blanco fue investigado por conversaciones telefónicas con un vendedor de droga, a quien utilizó como fuente para una causa por robo de armas en la localidad de Hughes. El fiscal fue suspendido por la Legislatura santafesina y es investigado por su colega Mai de Reconquista, en quien recayó la responsabilidad de indagar los colaterales de una causa iniciada en la Justicia Federal por parte del fiscal Javier Arzubi Calvo.
Blanco quedó apresado bajo sospecha del delito de cohecho agravado. Esa pesquisa se inició en enero de 2020, a partir de una denuncia radicada por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto y luego derivada, en la parte que lo tiene bajo la lupa, al fuero provincial.
La Justicia Federal de Venado Tuerto fue la que detectó un presunto vínculo entre Blanco y un comercializador de drogas de esa localidad a partir de escuchas telefónicas. En ellas, al fiscal se lo oye coordinando la compra de “revistas”, allanamientos e intercambio de información reservada del Ministerio Público Fiscal (MPF). Esas grabaciones, más una serie de seguimientos, ubicaron también al funcionario judicial en una casa de Roldán en la que, poco después, fueron encontradas drogas y armas durante un allanamiento.
La Justicia federal remitió la información a su par provincial, y en enero último, la auditora general María Cecilia Vranicich inició un proceso paralelo interno del MPA –disciplinario– por presunto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a lo que indagó Vranicich, Blanco habría utilizado información aportada por un dealer para avanzar con una medida de búsqueda de armas de fuego en forma irregular: sin dejar constancia legal de ese procedimiento ni solicitar órdenes de allanamiento a una vivienda.
Después, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, ordenó una investigación penal e indicó que quedara a cargo de un fiscal de la jurisdicción de Reconquista, para alejar sospechas y presiones.
En paralelo, el MPA remitió los datos acumulados sobre el accionar de Blanco a la Legislatura. Allí, la investigación estuvo encabezada por el senador justicialista del departamento 9 de Julio Joaquín Gramajo, presidente de la Comisión de Acuerdos. El procedimiento comenzó en abril de 2020, y el 22 de octubre siguiente el cuerpo decidió suspender al ahora detenido funcionario judicial.
