Un grupo de más de 40 países conducidos por potencias occidentales decidió en Londres continuar la intervención bélica en Libia, en una reunión en la que se examinaron variantes para sacar del poder al gobernante de ese país, Muammar Gaddafi. A la misma, no asistieron representantes de la Unión Africana, Rusia ni China. El argumento de la continuidad es “evitar la muerte de civiles a manos de Gaddafi”.
Esas variantes no incluyen, al menos hasta hoy, que el gobernante sea sacado del cargo por tropas internacionales, por lo que se propician iniciativas como dotar de más armas a los rebeldes.
También aceptaron crear un grupo de contacto para coordinar esfuerzos políticos y dijeron que el Estado árabe de Qatar acordó convocar a la primera reunión de este órgano tan pronto como sea posible.
El ministro de Exteriores británico, William Hague, afirmó que durante la reunión hubo acuerdo en que Gaddafi «perdió totalmente la legitimidad» y agregó que deberá enfrentar a la justicia por las acciones que sus adversarios le imputan.
También confirmó que se aplicarán restricciones y sanciones a Libia, país rico en petróleo y territorio en disputa entre europeos antes y durante la Segunda Guerra Mundial, y que se actuará para prevenir el abastecimiento y operaciones de «mercenarios».
Hague dijo que el grupo considerará, tanto en la ONU como a través de organizaciones regionales, imponer más sanciones a Libia, y confirmó que se tomarán medidas provisionales de carácter humanitario para asistir a al menos 80.000 personas desplazadas por la guerra civil.
«La población libia debe ser libre de determinar su propio futuro», afirmó el canciller.
Mientras tanto, los rebeldes prometieron que crearán un estado «democrático y libre» si logran ganar el poder en Trípoli.
En su ponencia inaugural, el primer ministro británico, David Cameron, acusó a los simpatizantes de Gaddafi de «ataques asesinos» contra la población de Misrata, la tercera ciudad de Libia.
La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, afirmó que los ataques militares de las potencias continuarán hasta que Gaddafi cumpla con las demandas de la ONU, el cese de la violencia y el retiro de tropas de las ciudades «ocupadas», es decir, las que arrebató a los opositores armados.
Tanto Gran Bretaña como Estados Unidos mencionaron cuatro prioridades para Libia: un acuerdo para mantener la ofensiva militar, presiones diplomáticas y económicas a Gaddafi, un aumento de la ayuda humanitaria a los pueblos y ciudades afectadas por la guerra y el comienzo de un «proceso político» para el país.
En ese sentido, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró ante los delegados que encabezará los esfuerzos para coordinar una salida pacífica para Libia. «La transición a un gobierno y una sociedad democráticas llevará tiempo y necesitará del apoyo de todos nosotros”, expresó.
Naciones Unidas está lista y dispuesta a ayudar a la población de Libia en esta transición», agregó el secretario.
Antes del inicio de la conferencia, el Consejo Nacional, organización que reúne a una parte de la oposición a Gadafi, pidió en un comunicado que se conforme un estado «moderno, libre y unido».
El comunicado oficial de la conferencia no menciona en ningún momento un posible exilio de Gaddafi.
Preguntado sobre un posible plan de exilio en la rueda de prensa posterior, el jefe de la diplomacia británica, William Hague, repitió que el líder libio debe rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional (CPI), pero no lo descartó.
