La Cámara de lo Contencioso Admnistrativo 2 de Rosario hizo lugar a la cautelar pedida por la Caja de Ingenieros y suspendió el decreto 706/26 de la Municipalidad de Rosario, que retiraba la obligación de pedir el pago de aportes a los profesionales como condición para emitir permisos o certificados de la obra.
La entidad alertó que la disposición municipal implicaba la pérdida de herramientas clave para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional y el correcto encuadre legal de las actividades profesionales.
A partir de la resolución judicial, la Municipalidad deberá acatar la medida y volver a exigir el cumplimiento de ese requisito mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El decreto, firmado por el intendente Pablo Javkin en abril último, anula los artículos 5.4.1 y 5.4.2 del Anexo I del Decreto 1261/2024 que regía los trámites de la Dirección General de Obras Particulares.
El Municipio argumentó que el cambio apuntaba a «modernizar y agilizar» la administración pública, simplificar la estructura tributaria y ejercer la autonomía municipal estipulada en la Constitución de Santa Fe.
Enseguida saltaron las objeciones que exponían un peligro detrás de la supuesta quita de trabas burocráticas. La Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe, que consiguió la cautelar, y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario expresaron un rechazo total a la normativa.
Sin control hay riesgo
Esas entidades advirtieron que los cambios instalados via decreto no anulan la ley de aportes, pero eliminan el mecanismo de control estatal previo. Y completaron que eso pone en riesgo el financiamiento del sistema previsional y asistencial que sostiene a más de 20.000 familias de profesionales.
Tras la presentación judicial, la Cámara consideró que hay elementos suficientes para considerar, en esta instancia, que el decreto municipal puede desconocer obligaciones establecidas por legislación provincial y afectar el financiamiento de la Caja de Ingenieros (entre otras de profesionales).
La autonomía municipal no puede contradecir nortmativa provincial
El tribunal centró su argumentación en el artículo 48 de la Ley provincial 6729, según el cual las reparticiones municipales encargadas de aprobar, inscribir o visar planos y proyectos técnicos no pueden dar curso a esas actuaciones sin la previa constancia del depósito de los aportes correspondientes.
Entre los considerandos de la resolución judicial se destaca que el cambio que pretende el Palacio de los Leones no puede pensarse apenas como una reorganización de trámites para facilitarlos. En cambio, el tribunal alerta que la eliminación del control municipal podía favorecer el incumplimiento de los aportes, como se quejó el Colegio de Ingenieros, puede generar un perjuicio para el financiamiento del sistema previsional y de salud de los profesionales.
El tribunal también rechazó, para esta instancia cautelar, que la autonomía municipal pudiera desplazar las obligaciones establecidas por una ley provincial. Y agregó que las competencias de los gobiernos locales deben ejercerse en coordinación con las atribuciones provinciales. Es decir, que la autonomía no habilita a desconocerlas.
La resolución no opina sobre el fondo del debate: la validez del Decreto 706. Es una medida cautelar que ordena suspenderlo hasta que se defina la esencia de la disputa.
