El recapturado jefe narco Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien está de nuevo en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano de la que se fugó hace seis meses, concentrará todo su poderío económico, jurídico y político en evitar la extradición a los Estados Unidos, que lo reclama desde junio de 2015, mientras el gobierno de México se debate sobre la conveniencia de ceder a las presiones diplomáticas y de la propia sociedad mexicana o intentar recuperar cierta confianza en sus instituciones.
Según fuentes de la defensa del líder del cártel de Sinaloa citadas por la agencia Ansa, la estrategia para defenderse “con uñas y dientes” de una extradición a los Estados Unidos comenzará con la presentación de un nuevo amparo judicial, que podría tener la forma de una “suspensión provisional” para dilatar una decisión oficial sobre los pedidos que hizo llegar en junio y julio de 2015 la Justicia estadounidense.
Apenas conocida la recaptura del narcotraficante, cuya fortuna se calcula en mil millones de dólares, el embajador de México en Washington, Miguel Basáñez, dijo en una entrevista concedida al diario mexicano Reforma que la orden de extradición contra el narcotraficante continúa vigente, pese a que sus abogados promovieron amparos para frenar su entrega a Estados Unidos, aun antes de ser detenido.
También participó del debate el senador y precandidato republicano a la Casa Blanca Marco Rubio, quien le pidió al gobierno del presidente Barack Obama que solicite de manera inmediata la extradición del narcotraficante mexicano.
“Tenemos la capacidad para llevarlo ante la justicia”, argumentó Rubio, que encabeza el poderoso Subcomité de Relaciones Exteriores para las Américas y el crimen trasnacional del Senado.
Según la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), El Chapo es uno de los narcotraficantes que más droga introdujo clandestinamente a ese país y, por ello, tiene varias cuentas pendientes en tribunales federales de Arizona, Texas, California, Illinois, Florida y Nueva York, por decenas de cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
La DEA lo incluyó el pasado 16 de julio en su lista de los hombres más buscados y las autoridades ofrecieron por su cabeza una recompensa de 5 millones de dólares.
Decisión compleja
El presidente Obama congratuló a las autoridades mexicanas pero no se pronunció sobre una eventual extradición, aunque una solicitud había sido emitida en junio pasado.
El caso es que la extradición de Guzmán es una decisión compleja para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por un lado, hay fuertes presiones de Estados Unidos, difíciles de soportar cuando El Chapo ha puesto en ridículo en dos fugas consecutivas a las instituciones mexicanas.
Tanto el presidente como su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros funcionarios, destacaron la fortaleza de las instituciones mexicanas y afirmaron que “ningún delincuente está fuera del alcance del Estado mexicano”.
Sin embargo, el hecho de que Guzmán haya sido alojado otra vez en la misma cárcel de El Altiplano, de la que el 11 de julio último se escapó utilizando un túnel de un kilómetro y medio que no pudo haberse construido sin una fuerte logística y complicidad de las autoridades, genera suspicacias en la opinión pública mexicana, que manifiesta dudas a través de las redes sociales sobre la capacidad del Estado para retener al jefe narco tras las rejas.
En 2014, cuando El Chapo transitaba su segunda temporada en prisión, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que la extradición solicitada por los tribunales estadounidenses no se concedería “ni en 300 o 400 años”.
Pero la situación ya no es la misma para un gobierno que se debate sobre qué hacer.
El vicecanciller Miguel Ruiz puso paños fríos sobre el interrogante al señalar que esa decisión requiere de un análisis jurídico muy cuidadoso, y destacó que el Estado tiene la capacidad para resguardarlo en presidio.
El dilema tiene varias aristas, la más superficial es que una rápida decisión de extraditar a Guzmán sería interpretada como una admisión de la incapacidad de las instituciones mexicanas para asegurar que no haya una tercera fuga, que sería catastrófica para el gobierno.
Si se inicia un juicio de extradición, las autoridades estadounidenses tendrían 60 días para formalizar las solicitudes. Luego un juez mexicano emitiría una resolución para que la Secretaría de Relaciones Exteriores decida. Al final, la última palabra la tiene la Cancillería.
Mientras tanto, Guzmán puede promover más amparos para evitar que lo entreguen a la Justicia estadounidense, como ya ha ocurrido con otros capos del narcotráfico.
Otro tema que juega en la decisión es si, perdido por perdido, El Chapo se acoge a algunos de los beneficios que prevén las leyes estadounidenses para quienes entreguen información que permita desarticular redes delictivas.
Con todo, se presume que el jefe narco tiene conocimiento de primera mano de redes de corrupción y complicidades dentro de las instituciones mexicanas y de las estructuras políticas.
El deseo de hacer una película lo traicionó
Traicionado por su ambición de protagonizar una película, Joaquín El Chapo Guzmán, el capo narco más buscado del mundo hasta su recaptura del viernes, regresó a la cárcel de la que se escapó hace seis meses en medio de llamados para extraditarlo a Estados Unidos.
El narcotraficante especialista en construcciones de túneles, para el trasiego de drogas y escapes, fue aprehendido por segunda vez en una carretera de la costeña ciudad de Los Mochis, Sinaloa (noroeste), su tierra natal, tras evadir un choque entre militares y sus pistoleros que dejó cinco presuntos delincuentes muertos.
Corriendo por el sistema de drenaje de Los Mochis, El Chapo fue finalmente detenido en compañía de su jefe de seguridad, Orso Iván Gastelum, y trasladado en helicóptero al penal El Altiplano, ubicado a 90 kilómetros de la capital mexicana.
De esa cárcel considerada de máxima seguridad escapó la noche del 11 de julio por un túnel con entrada en la regadera de su celda, cavado durante meses, con una extensión de más de un kilómetro y medio que recorrió en minutos a bordo de una motocicleta adaptada para rieles.
A seis meses de esa fuga que representó una dura humillación para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el capo fue recapturado en parte por su deseo de inmortalizarse en la pantalla grande.
Un “aspecto importante que permitió precisar su ubicación, fue el haber descubierto la intención de Guzmán Loera de filmar una película biográfica”, dijo la fiscal Arely Gómez, que detalló que incluso Guzmán había contactado actrices y productores.
“Incluso, las tareas de seguimiento permitieron documentar los encuentros entre los abogados del ahora detenido y estas personas”, dijo la fiscal.
