Más de 200 personas que integran distintos equipos de salud participaron de una jornada de capacitación sobre las causales de la interrupción legal de embarazo (ILE) que se llevó a cabo en el auditorio del Centro Municipal de Distrito Sur.
La actividad estuvo a cargo de Mariana Romero y Agustina Michel, representantes del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), organización civil independiente que tiene su sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que desarrolla actividades de investigación en ciencias sociales, formación de recursos humanos y asistencia técnica.
La jornada comenzó con un racconto histórico del derecho argentino y los tres grandes momentos desde 1921 de institucionalización a nivel nacional del derecho al aborto, señalaron fuentes del Ministerio de Salud. El primero se dio con la sanción del Código Penal en 1921; el segundo con la aprobación del Protocolo de Atención de los Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación; y el tercero fue con el fallo F.A.L., dictado en marzo del año 2012, donde la Corte Suprema de Justicia, toma la causal “violación” para la institucionalización de la interrupción legal del embarazo con el total acuerdo de todos los jueces intervinientes, indicaron las disertantes.
También se evaluaron las miradas de las políticas públicas en materia de salud a través del tiempo, no sólo en Argentina sino en el mundo, que aparecen atravesadas por grandes tradiciones en salud reproductiva: las políticas pro-natalistas en donde el estado es protagonista proponiendo objetivos demográficos poblacionales; la mirada que sigue teniendo una profunda desconfianza hacia la capacidad moral de las mujeres para tomar decisiones en su proyecto reproductivo. Y la mirada tradicional, que ve a la mujer como instrumento de reproducción, fuertemente vinculada a la invisibilización de la carga de un embarazo no deseado, con fuertes dificultades para verlo en el marco del derecho a la salud.
En la jornada también se resaltaron varios puntos que no son sólo herramientas jurídicas sino derechos de fuerte valor semántico como el Principio de Dignidad para aquellas mujeres que han atravesado situaciones de violencia sexual y pueden decidir sobre su cuerpo; el Principio de Legalidad y el Derecho a la Igualdad, con argumentos basados en políticas públicas. Es decir, las responsabilidades del Estado a la hora de atender casos de violencia de género y violencia sexual a través de sus propias políticas públicas amparados por una ley que ya no deja huérfana a la interrupción del embarazo, tema que sobrediscute, se sobreregula, se sobredialoga pero que está subaplicado, incorporándolo como un componente más en la atención de la salud de las mujeres, señalaron desde el Ministerio mediante un comunicado.
Durante la capacitación también se reforzaron los procedimientos estándar ante episodios de violencia sexual en mujeres, en donde sólo se exige una declaración jurada dentro de los mismos servicios de salud y se enfatizó sobre la innecesariedad y la ilegalidad de judicializar los abortos no punibles dando una atención oportuna y de calidad garantizando información de manera completa y transparente, haciendo conocer sus derechos a las mujeres.
La actividad fue organizada por el Consejo Asesor de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial por la Salud en la Niñez, Adolescencia y Salud Sexual y Reproductiva.
