La ley 27.795 de financiamiento universitario que el Gobierno de Javier Milei se niega ilegalmente a cumplir puede perfectamente aplicarse con los recursos del presupuesto 2027 que el oficialismo envió al Congreso: cumplir la ley requeriría entre 2 y 3,65 billones de pesos el año próximo, mientras que el propio proyecto incluye 5,93 billones de pesos sin asignación específica dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro. Claro que el extraordinario aumento de esos recursos de libre disponibilidad respecto del ejercicio anterior abonan la sospecha de que no son para ninguna previsión social, sino para que La Libertad Avanza financia su campaña en un año electoral. Con la plata de todos.
La negativa del Ejecutivo a cumplir con la ley 27.795 no tiene antecedentes. Sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025, vetada el 10 de septiembre siguiente por Milei, ratificada por el Congreso exactamente un mes después y con 9 fallos judiciales que ordenan aplicarla, sigue congelada.
El Gobierno suspendió su aplicación en octubre de 2025 mediante el decreto 759/2025 bajo el argumento de la supuesta falta de financiamiento específico, pese a que la propia ley habilita realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.
A mediados de enero pasado, el Gobierno envió un proyecto al Congreso para modificar la ley, que ni siquiera fue tratado en comisiones en la Cámara de ingreso, Diputados, y que aparece como otra maniobra dilatoria.
Lo que le retacearon a la estratégica educación superior
La pertinencia de esa norma con más de 350 días de incumplimiento y ante la discrecionalidad de la Casa Rosada, se puede cifrar. El presupuesto de las Universidades Nacionales, en el Programa 26 de la ley de Presupuesto, bajo el título «Desarrollo de la Educación Superior», experimentó un sensible ajuste durante la gestión de La Libertad Avanza.
Un informe del Centro de Estudios de Economía Política (Cepa) indica que entre los presupuestos de 2025 y 2023, la caída en términos reales de los recursos para las casas de estudios fue del 25,2%.
Si se compara 2023 con el presupuesto vigente en 2026, hasta el 14 de octubre, en pesos constantes y con proyección de la inflación hasta diciembre basada en el Presupuesto 2027, implica hoy, y sin actualizaciones hasta fin de año, una reducción acumulada de 22,0% respecto del inicio de la actual gestión nacional.
El Proyecto de Presupuesto para 2027 prevé un leve crecimiento en términos reales de 1,2% en comparación con el crédito vigente para 2026. Aún así, consolida el ajuste sobre las Universidades dado que se ubica 21,1% menos, en términos reales, que los niveles de 2023.
El desfinanciamiento de la educación superior es generalizado. En términos de salarios, impacta particularmente. Desde el inicio del Gobierno de La Libertad Avanza y hasta septiembre pasado, los ingresos de docentes y personal no docente de las Universidades Nacionales sufrió una pérdida de poder adquisitivo del 24,2%. El Presupuesto 2027 aumenta la partida para esos «recursos humanos», pero su ejecución total o parcial queda supeditada a la Secretaría de Educación Superior del Ministerio de Capital Humano.
Se puede cumplir sin afectar el santificado equilibrio fiscal
Un análisis de Zentrix Consultora sobre la ley de financiamiento 27.795 concluye que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo contiene los recursos necesarios para aplicarla.
Cumplir la ley, de acuerdo a ese trabajo, requeriría entre 2 y 3,65 billones de pesos el año próximo, mientras que el propio proyecto deja 5,93 billones de pesos sin asignación específica dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro, el apartado que más aumenta respecto de 2026.
Como esos fondos ya forman parte del gasto total previsto, destinarlos a las universidades no modificaría el resultado fiscal que proyecta el Gobierno nacional.
El problema es que ese ítem, técnicamente denominado Jurisdicción 91, es administrado a discreción por la Secretaría de Hacienda, que no ejecuta políticas públicas directas, y así funciona como una «caja de herramientas financieras». Esa «caja», en año electoral, sin fines específicos, ya se sabe en qué se utiliza mayoritariamente.
La Ley de Financiamiento Universitario está vigente desde octubre de 2025, cuando ambas cámaras del Congreso de la Nación insistieron con los dos tercios después del veto presidencial. El Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025, con un argumento fiscal: la norma no identifica de dónde saldrían los fondos. Desde entonces, la Justicia ordenó cumplir los artículos de salarios y becas, en una cautelar que la Corte Suprema dejó firme en junio. El 6 de octubre pasado, un juzgado federal ordenó aplicar la ley completa, en una sentencia que el Gobierno apeló. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿hay recursos para cumplirla?
¿Cuánto cuesta cumplir la ley?
El informe calcula el costo sobre los 7,35 billones de pesos que el artículo 12 del proyecto asigna a las universidades nacionales. Cumplir lo que hoy es exigible por la cautelar –recomposición de salarios y becas– costaría unos 2 billones en 2027.
Aplicar la ley completa, que suma la actualización de los gastos de funcionamiento, el financiamiento de los hospitales universitarios, la ciencia y la extensión, requeriría entre 2,45 y 3,65 billones de pesos, según la base de cálculo.
En todos los casos, el monto equivale a entre el 1% y el 1,8% del gasto total previsto para 2027 y a entre el 0,14% y el 0,26% del PBI.
¿Dónde están los fondos?
La jurisdicción que más crece en el proyecto 2027 es Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasa de 5,6 a 14,8 billones de pesos. Nada menos que un 164%.
Más de la mitad de ese monto, 7,68 billones de pesos, figura como “otras asistencias financieras”, sin beneficiario definido.
El informe aplica un criterio conservador: descuenta la reserva prevista para los aumentos salariales de toda la Administración Nacional (1,45 billones) y lo que ya se destina a universidades (0,30 billones). Aun así, quedan 5,93 billones de pesos sin asignación específica, cuyo destino define el Ejecutivo durante el ejercicio.
El costo de la ley completa equivale, como máximo, al 62% de ese monto. No es gasto nuevo, porque los fondos sin asignación específica ya están contabilizados en el gasto total para el año.
Existe, además, una salida de orden legal para aplicar la ley de financiamiento. El artículo 5 de la ley 24.629, en el que se apoya la suspensión decidida por el Gobierno, frena una ley de gasto solo “hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”. Si el Congreso incorpora la partida al tratar el Presupuesto 2027, el fundamento del Decreto 759/2025 deja de existir.
El costo de no cumplir: 10 mil docentes menos
Con nueve de cada diez pesos del presupuesto universitario destinados a salarios, la diferencia entre el crédito y la inflación recae sobre el ingreso de los docentes y de los trabajadores no docentes.
El acuerdo de junio cortó 19 meses de caída, pero el salario real sigue 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
Según el Consejo Interuniversitario Nacional, unos 10.000 docentes renunciaron en ese período, y en 2025 la ejecución real de ciencia y técnica universitaria equivalió al 38% de la de 2023.
