La Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 394 “Francisco de Gurruchaga” de Rosario se encuentra nuevamente en el centro de la escena política y educativa santafesina. La controversia en torno al establecimiento sumó un nuevo capítulo esta semana con el ingreso de dos iniciativas parlamentarias en la Cámara de Diputados de la provincia, impulsadas por Miguel Rabbia y Carlos del Frade. Los legisladores exigieron que el Ministerio de Educación esclarezca la situación institucional y responda por los señalamientos que pesan sobre el equipo interventor.
El conflicto cobró mayor intensidad luego de que los propios estudiantes empapelaran diversos sectores de la escuela para visibilizar graves acusaciones de violencia institucional, maltrato y acoso. Los testimonios, que también circularon en redes sociales, dan cuenta de respuestas inapropiadas e indolentes ante situaciones críticas. Entre los relatos expuestos por los alumnos, una estudiante afirmó que un integrante de la intervención la miró fijamente al pecho mientras le exponía el maltrato de una docente. En otro caso, ante un planteo relacionado con la posibilidad de autolesionarse, la contestación de un interventor habría sido “ahí te paso las tijeras”. Las serias acusaciones expuestas por la comunidad educativa deberán ser investigadas y aclaradas por las vías institucionales correspondientes.
Frente a la escalada del reclamo, la postura oficial del gobierno provincial fue ratificada por la secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación, Daiana Gallo Ambrosis. La funcionaria sostuvo que la intervención —iniciada en mayo de 2025 debido a fallas en la conducción previa— busca reorganizar la escuela en sus aspectos pedagógicos, administrativos y sociocomunitarios. Asimismo, restó entidad a las protestas estudiantiles al señalar que los carteles “no tienen asidero” y que no constan denuncias formales sobre situaciones concretas, al tiempo que remarcó que las puertas de la cartera educativa permanecen abiertas para recibir a alumnos y familias.
Sin embargo, el ámbito legislativo busca respuestas precisas. El proyecto de comunicación presentado por el diputado Miguel Rabbia requiere que el Poder Ejecutivo detalle el mapa completo de las escuelas intervenidas en todo el territorio provincial, especificando motivos, fechas, actos administrativos y criterios de selección del personal designado. Respecto al caso puntual de la Gurruchaga, la iniciativa solicita informes concretos sobre el estado de las actuaciones sumariales, el plan de acción ejecutado y los mecanismos de evaluación implementados.
Por su parte, el diputado Carlos del Frade planteó un enfoque de apertura comunitaria e impulsó una propuesta para que los motivos de la reorganización y los avances alcanzados sean explicados de cara a la institución a través de asambleas participativas y abiertas. En sus fundamentos, el legislador dejó constancia del preocupante cuadro denunciado por los alumnos, incluyendo problemáticas cotidianas como baños clausurados, falta de respuestas a demandas sobre Educación Sexual Integral (ESI) y desatención generalizada hacia las inquietudes del cuerpo docente y estudiantil.
