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María Luisa Pérez Vara es hasta hoy la titular del Juzgado de Instrucción de la 5ª Nominación. En su despacho se tramitan causas resonantes como la investigación de los homicidios de barrio Parque –donde fue duramente cuestionada e incluso se inició un sumario administrativo en su contra que aún se encuentra en trámite– , la causa Atilra donde murió un militante de origen cordobés durante una disputa sindical que implicó una batahola que terminó a los tiros; el crimen de Santiago Adolfo Pérez, cometido en septiembre de 2012 durante una presunta venganza con tintes narcos; el ataque a la casa del gobernador Antonio Bonfatti y el crimen de Luis Medina y su novia. Si bien existió hermetismo durante los últimos meses del año pasado respecto a su situación y a pesar de los reiterados rumores de un posible jury de enjuiciamiento en su contra, esta semana se conoció que la jueza presentó el escrito anunciando su renuncia al cargo el 22 de noviembre de 2012 con el objeto de acogerse al régimen jubilatorio. A ello se sumó un pedido de licencia a partir del 1º de febrero hasta el 28 de ese mismo mes, por lo que la dimisión se haría efectiva –si era aceptada por el Poder Ejecutivo– a partir del 1º de marzo. Esa presentación fue girada al despacho del gobernador, quien el pasado 30 de diciembre, es decir casi 24 horas después de la muerte de Medina y cuando ya se conocía que la jueza no se había presentado en el lugar de los hechos, sumando un nuevo escándalo a su foja de servicio, aceptó el pedido y avaló con su firma la renuncia.
Según el calendario oficial que rige para cubrir turnos de juzgados correccionales, menores e instrucción, el último turno del año 2013 quedó en manos de la jueza María Luisa Pérez Vara, quien tenía en su poder el teléfono de turno que usualmente utiliza el magistrado para atender urgencias.
Pero la mañana del domingo 29 de diciembre la jueza no recepcionó llamadas. La muerte de Luis Medina y su pareja era un hecho por demás trascendente y requería la realización de una serie de medidas probatorias que debían hacerse con la anuencia de un juez.
Ello derivó en la intervención de la Cámara Penal que a media tarde del día del crimen dispuso que asumiera un suplente legal. Según una fuente consultada la magistrada atendió pasadas las 14 en su celular personal y argumentó encontrarse enferma, aunque existen rumores que sostienen que la funcionaria se encontraba en un coqueto lugar de la costa atlántica desde el sábado 28 de diciembre. En tanto, el celular de turno no volvió a los Tribunales, por lo que se debió comprar un nuevo aparato.
Andar desprolijo
No es la primera polémica que gira en torno a la jueza Pérez Vara. La causa Atilra (gremio del sector lácteo) tuvo un derrotero extenso en su juzgado de instrucción con idas y vueltas a la Cámara Penal para completar algunos trámites, y la desprolijidad de la tramitación generó malestar en varios de sus actores. Otras de las investigaciones que se demoró en el tiempo fue la pesquisa sobre los crímenes en barrio Parque ocurridos en el año 2010, cuya instrucción terminó con un solo detenido, hoy condenado, y un sumario administrativo contra la magistrada por la desaparición de dos dictámenes fiscales que aún se encuentra en trámite.
Cerca de la medianoche del sábado 16 de septiembre de 2012 Santiago Adolfo “El Gordo” Pérez fue baleado en inmediaciones de San Juan y Larrea mientras se trasladaba en un Peugeot 308 Cabriolet con una enorme calcomanía de San La Muerte. La investigación en principio quedó en manos de la jueza de instrucción de la 5ª Nominación, y luego fue girada a la Secretaría de Delitos Complejos aunque no se conocieron avances en el caso.
El último hecho resonante que quedó en manos de Pérez Vara fue el ataque a tiros a la casa del gobernador Antonio Bonfatti, el que cuenta con varios detenidos aunque no se logró profundizar sobre los autores intelectuales.
Además, el homicidio de Medina y su novia trajeron un nuevo dolor de cabeza para la jueza cuando la Cámara Penal decidió elevar un informe a la Corte por su inacción ante el doble asesinato que llegó al más alto tribunal de la provincia el último día del año pasado.
El trámite
La ley orgánica del Poder Judicial establece que la renuncia de un funcionario de ese organismo debe realizarse ante la Corte. El pedido de dimisión de Pérez Vara fue presentado el 22 de noviembre pasado, aunque se mantuvo en total hermetismo hasta ayer cuando el gobernador confirmó que aceptó la declinación de la magistrada. Como dato, una fuente judicial mencionó que “normalmente los jueces prontos a jubilarse presentan su renuncia con antelación y suelen pedir licencias hasta que se cumple la fecha de dimisión”, aunque esta solicitud no forma parte de un suceso común.
En este caso, además de la renuncia, la jueza pidió una licencia a partir del 31 de enero hasta el 28 de febrero y a partir del 1º de marzo, si es aceptada, la dimisión se hace efectiva.
Luego de la presentación ante la Corte, el trámite se eleva al Poder Ejecutivo junto a un legajo con los antecedentes de la jueza –en donde deberían estar asentadas todas las causas en las que trabajó y también aquellas en las que su trabajo quedó trunco, inconcluso o sin resultado (mencionadas más arriba)– y el gobernador, que es el jefe de la administración pública, debe aceptar o no la declinación. En este caso, en forma al menos sorpresiva y sin tener en cuenta todos los antecedentes de la jueza Pérez Vara (o sí), el titular de la Casa Gris firmó el decreto avalando el pedido de renuncia. Su firma tiene fecha el 30 de diciembre, horas después que la jueza fuera suplantada ante su inesperada ausencia.
