El año pasado terminó con una serie de hechos que condicionaron el inicio de 2014, como el reacomodamiento de precios en buena parte de la economía (combustibles, productos de góndola e impuestos y tasas) y el conflicto policial de principios de diciembre, extendido a todo el país.
Los adelantados
Si algo resume ambas situaciones aquí y ahora es el reclamo de los sindicatos de municipales de Santa Fe, que fijaron el miércoles como fecha límite para que se atienda el pedido de un bono de fin de año por mil pesos. En el caso de Rosario, la Intendencia no lo cree justo, pero sabe que la negativa pone a la Municipalidad a las puertas de un conflicto.
Los municipales no tenían en agenda el reclamo, pero lo incorporaron después de que la provincia, que acababa de cerrar el conflicto con la Policía, decidió extender a todos los empleados de la administración pública la suma fija por única vez. “Mirá Antonio, si no lo damos nosotros nos lo van a sacar con conflicto”, le recomendó un ministro al gobernador.
Con este preámbulo, es todo un interrogante el desarrollo de las paritarias que el gobierno provincial convocará los primeros días de febrero.
Apenas cerrado el conflicto con los policías, los principales dirigentes de los estatales recibieron el llamado del ministro de Gobierno Rubén Galassi que les hizo conocer en detalle ese acuerdo y el impacto que tiene en el bolsillo de los agentes y en el Tesoro provincial. El gobierno de Antonio Bonfatti se quiso cubrir de situaciones como la que vive Neuquén, donde la salud pública es objeto hace semanas de una huelga que dejó hospitales sin siquiera guardias mínimas, a pesar de que antes del conflicto policial esos gremios no tenían reclamos salariales planteados.
La pauta salarial
Jorge Hoffman, secretario general de ATE, lo explicó así: “El conflicto policial incidió en la vida política de todos; lo que no va a hacer es fijarnos la pauta salarial”. ATE, UPCN y el mayoritario Amsafé vienen manteniendo contactos en busca de “armonizar” una posición para cuando llegue la oferta del gobierno.
Los gremios aún no adelantaron en público el porcentaje de incremento que pretenden. La Casa Gris tampoco mostró sus cartas de antemano, pero por las consultas que hizo El Ciudadano hay una percepción de que se alcanzarán acuerdos salariales en la medida que la negociación transite condiciones “similares a la del año pasado”. Eso implica incrementos de entre 24 y 28 por ciento según la categoría. Si las exigencias sindicales rondaran el 30 por ciento o más el escenario es otro, afirman.
La Vara que usarán con Pérez
La guerra entre narcos está en pleno desarrollo. Los asesinatos de Luis Medina, de Lisandro Mena y del hermano del Pollo Bassi sumaron capítulos a una historia que tardará en encontrar un epílogo. Si lo encuentra.
La muerte de Luis Medina conlleva una curiosidad: el modus operandi del crimen parece confirmar los vínculos del empresario con la narcocriminalidad que todos sospechaban pero de los que ninguna oficina administrativa o judicial reunió datos concretos para una investigación formal.
En realidad, en agosto pasado en el juzgado de instrucción a cargo de María Luisa Pérez Vara aterrizó un anónimo que aportaba datos sobre Medina y lo vinculaba a dos homicidios. Se afirma que Pérez Vara no investigó nada y sólo movió el expediente para formalidades. La casualidad (o no) quiso que estuviera de turno la madrugada del homicidio de Medina. Nunca se hizo cargo del caso. Recién atendió el celular del juzgado a las 14, diez horas después, lo cual supone un hecho que trasciende lo personal y requiere una respuesta institucional por las consecuencias que tuvo. Cabe recordar que en las primeras 20 horas posteriores al doble crimen pasaron tres juezas. En las primeras 11, todo estuvo bajo dominio de policías. Y luego se suscitó una polémica por la intervención de una oficina del Poder Ejecutivo para decodificar la computadora de la víctima, hecho que tuvo derivaciones políticas con la invitación a un ministro a la Cámara de Diputados para informar del hecho.
La Cámara Penal abrió un sumario contra Pérez Vara. Será uno más entre otros anteriores que están bajo análisis de instancias superiores del Poder Judicial.
Hace tiempo que Pérez Vara debió dejar de ser jueza. Pero no sólo se mantuvo en el cargo, sino que hasta planificó su retiro como la más honorable de las magistradas. ¿Se le permitirá? ¿No habrá sanción ejemplificadora?
La promesa de una nueva era
Pérez Vara es exponente de un sistema que no da para más y por suerte entra en período de extinción. La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal el 10 de febrero traerá todos los inconvenientes de lo que significa un cambio de cultura de trabajo, de detalles que pudieron quedar sueltos y de los ajustes que requiere toda organización con muchas personas y sometida a la opinión pública.
Al margen de esos primeros inconvenientes que seguramente sucederán, lo central es poner la mirada hacia delante, en lograr un sistema con controles y capacidad de investigación. Porque si lo de Pérez Vara es un bochorno institucional que da vergüenza ajena, lo de la Policía es igual o peor, no sólo por la desconfianza que despiertan sus inocultables vínculos con el delito sino por la recurrente falta de idoneidad para relevar una escena del crimen, como fue en el caso de Medina.
Esto viene a cuento de otra polémica abierta estos días cuando el gobernador vetó buena parte de la ley que crea la Policía Judicial.
Más que entrar en los detalles técnicos de ese veto y las atribuciones específicas que tenga, lo de fondo es que la nueva Justicia penal estará auxiliada, además de la Policía que hoy conocemos, por dos organismos de investigación especializados, a los que un fiscal podrá convocar para determinados tipos de de delitos, en particular aquellos que las políticas de persecución penal del Ministerio Público de la Acusación defina prioritarios.
Esos dos organismos de investigación estarán compuestos no sólo por detectives policiales sino también por especialistas contables, informáticos, etcétera. El que acaba de crear la Legislatura dependerá de los fiscales; el segundo revistará en la órbita del Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Seguridad, para lo cual desde hace un tiempo su director organizador, Víctor Moloeznik, está reclutando personal.
Si estos dos cuerpos especializados no llegaran a significar un salto cualitativo en relación a lo que ya existe, en cuanto a confiabilidad e idoneidad, entonces se puede afirmar que el notable esfuerzo por dotar a Santa Fe de un sistema penal ágil y transparente estará rengo.
