Con la designación de fiscales y defensores, el gobierno dio un paso más hacia la puesta en marcha del nuevo sistema penal, que comenzará a regir en forma integral el próximo 10 de febrero. A partir de ese día “las decisiones judiciales se tomarán de cara al ciudadano”, destacó el gobernador Antonio Bonfatti.
El mandatario provincial encabezó ayer a la mañana en la capital provincial el acto de puesta en vigencia de la nueva Justicia penal y dio a conocer el decreto 3.811/13 que establece la fecha de El gobernador entregó copia del decreto a la presidenta de la Corte. El proceso comenzó formalmente en 2006 con la conformación de la comisión redactora del nuevo Código entrada en vigencia del Código Preocesal Penal reformado. que fue sancionado por la Legislatura en agosto de 2007.
Entre los principales cambios, se destaca el paso de un sistema escrito y secreto –catalogado como “inquisidor”– a uno oral y público. “La administración de la Justicia penal en Santa Fe no volverá a ser igual. Las decisiones judiciales se tomarán de cara al ciudadano, no en la soledad de la oficina de un juez u ocultas entre las páginas de un expediente, sino en una audiencia oral y pública”, remarcó Bonfatti.
En la ceremonia de ayer estuvieron el vicegobernador Jorge Henn, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Luis Rubeo (ver aparte), la presidenta de la Corte Suprema de Justicia María Angélica Gastaldi, los ministros de Gobierno, Rubén Galassi; de Justicia, Juan Lewis, y de Seguridad, Raúl Lamberto, entre otras autoridades.
Después de su discurso, el mandatario santafesino entregó copias de los decretos de designación a los 79 fiscales y defensores que llevarán adelante la administración de la Justicia penal desde las nuevas instituciones creadas a partir de la reforma: el Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal general Julio De Olazábal, y el Servicio Provincial de Defensa, a cargo de Gabriel Ganón, quien después del acto reiteró sus dudas respecto del éxito de la reforma.
“Acercar la Justicia a la gente”
“Los santafesinos tendremos la posibilidad de ver cómo trabaja uno de los poderes esenciales del Estado”, señaló el gobernador Bonfatti. “Esta es una manera de acercar la Justicia a la gente. La presencia del público (en los juicios orales) significará un contralor informal a la actividad de funcionarios judiciales que hasta ahora no existía para ese sector del Estado”.
“Con la implementación de las audiencias orales estaremos desterrando el expediente al cajón de los recuerdos. Ese exponente del sistema escrito, en el que se condensa todo el proceso, no será más el elemento central del juicio ni mucho menos se esconderán decisiones trascendentes para la vida de la gente en una carpeta inaccesible para la mayoría de los ciudadanos”, agregó el mandatario.
Bonfatti continuó: “Otro cambio trascendente es la participación de la víctima como querellante. Durante años el principal ofendido por el delito estuvo silenciado en Tribunales; el nuevo sistema pone en el centro de la escena a la víctima, que puede ser escuchada, argumentar y dar opinión sobre el hecho y ofrecer pruebas”.
Pese al optimismo generalizado, el gobernador señaló que “el nuevo Código Procesal Penal por sí mismo no es suficiente”. Y agregó: “La letra es necesaria, es la ley, pero no es suficiente. Se requiere un esfuerzo cultural y educativo para transformar prácticas e ideologías, se necesita una nueva mirada del delito y del proceso, despojados de los vicios y prejuicios que caracterizaron las prácticas del sistema procesal durante años. Por lo tanto, el nuevo sistema debe ser manejado por funcionarios comprometidos con su comunidad, con operarios inteligentes y reflexivos para que renda sus frutos”.
En ese sentido, el ministro Lewis explicó que en los concursos que se realizaron para la designación de nuevos funcionarios judiciales se tuvo en cuenta la edad de los postulantes. Como se trata de un nuevo paradigma, no se valoró sólo la trayectoria sino también “el empuje” –en palabras de Lewis– de los profesionales que a partir del 10 de febrero tendrán en sus manos la puesta en marcha del nuevo sistema.
Los próximos pliegos
A los 79 nuevos fiscales y defensores que ya cuentan con acuerdo de la Legislatura y que ayer recibieron de manos de Bonfatti sus respectivos decretos de designación –ahora sólo resta que juren ante la Corte– se sumarán otros 38 funcionarios más: 26 de esos pliegos ya están siendo estudiados por los legisladores; aún resta que el Ejecutivo remita otras 12 postulaciones para terminar de completar las nuevas estructuras.
“Para ocupar cada uno de estos cargos hubo 583 postulantes, quienes rindieron un concurso público de oposición y antecedentes, transparente, donde participaron colegios de abogados y de magistrados, universidades y el Poder Legislativo para la designación definitiva”, valoró el gobernador Bonfatti. También Lewis remarcó el proceso de selección: “Montamos dos instituciones enteramente nuevas –el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal–, generamos los procedimientos necesarios para tener más y nuevos funcionarios, que incluyen exámenes tomados por jurados externos y que además deben pasar la aprobación parlamentaria. Todo esto le da una enorme legitimidad al nuevo sistema”.
Ganón puso en tela de juicio la eficacia del nuevo sistema
En medio de un clima de optimismo, el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, puso en tela de juicio la eficacia del nuevo sistema penal: dijo que tiene “expectativas modestas sobre lo que pueda resultar” a partir del 10 de febrero. Y Tildó la reforma de “improvisada” y “apresurada”.
“Las formas no cambian los contenidos y esto no va a resolver, de ninguna manera, los problemas de inseguridad y de impunidad que existen en la provincia”, opinó Ganón.
“Estamos a poco tiempo de que comience el funcionamiento del nuevo sistema. Hace un año que estamos esperando el nombramiento de los funcionarios de nuestra estructura, no hay sistema informático, nos faltan elementos de trabajo importantes, no está funcionando la Policía Judicial: por eso creo que el cambio no va a ser de la relevancia que se le pretende otorgar. El crecimiento constante de la criminalidad no se soluciona con cambios judiciales sino con políticas mucho más integrales”, agregó el defensor general.
Además, Ganón se lamentó por no haber podido opinar antes de que se conociera el acuerdo alcanzado entre el gobierno, la Corte y el Ministerio Público de la Acusación a través del cual se fijó la fecha de inicio de la reforma. “Nosotros no fuimos invitados a esa discusión, pero acompañaremos igual esta puesta en funcionamiento si ellos entienden que están dadas todas las condiciones. Trataremos de brindar el servicio de defensa de la mejor manera posible”, añadió el funcionario judicial.
El ministro de Justicia Juan Lewis le respondió: “Esta reforma no se hizo de un día para otro; es fruto de acuerdos y consensos entre los distintos poderes del Estado, que fueron muy difíciles de conseguir. Es cierto que hubo marchas y contramarchas, pero eso tiene que ver con ir logrando una unanimidad entre las instituciones encargadas de montar este sistema”.
Según Lewis, la de Ganón es “una opinión solitaria” ya que el defensor “no está convencido del rol que le toca jugar”. El ministro remató: “Llama la atención que una persona que tiene tanta responsabilidad en el nuevo sistema siempre esté a la negativa, nunca con una propuesta constructiva”.
Rubeo, en un lugar destacado
La reforma fue posible por un trabajo entre los tres poderes del Estado pero, además, por un acuerdo político entre el PJ y el Frente Progresista. Prueba de ello fue la presencia, en un lugar destacado del escenario, del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el kirchnerista Luis Rubeo.
El legislador señaló tras el acto: “Transparentar el sistema penal significa poder acercar mayores posibilidades de justicia a los santafesinos”. Y remarcó: “Desde la Legislatura hemos acompañado al gobierno con todos los pasos legislativos necesarios para la implementación”.
“También hemos acompañando con el tratamiento de los pliegos (de fiscales y defensores) necesarios para que esto se ponga en marcha y vamos seguir acompañado todas las instancias que sean necesarias para colaborar con la implementación de este nuevo sistema”, concluyó Rubeo.
