El control de la gestión de los jueces, la necesidad de que se apliquen las leyes sancionadas por el Congreso en el marco de la democratización de la Justicia y las alternativas para reformar el Consejo de la Magistratura –a pesar del reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva– fueron el eje de la jornada provincial por una Justicia Legítima realizada ayer en la Legislatura santafesina bajo el título: “Los desafíos pendientes de la Justicia”.
Una de las integrantes de la organización Justicia Legítima, la doctora María Laura Garrigós de Rébori –presidenta de la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional– brindó una conferencia de prensa para actualizar el debate en torno a la democratización del Poder Judicial, en línea con lo que viene planteando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde principios de año.
En primer lugar, la jueza se refirió a la elección popular del Consejo de la Magistratura: “No cuestionamos el fallo de la Corte; sería ridículo. Nosotros somos todos abogados, entendemos el valor de cada fallo de la Corte y sabemos que no se puede ir más allá. En algún punto hay que decir «hasta acá llegamos», nos guste o no. Tenemos que buscar otras vías. No vamos a cejar en nuestra idea de democratización de la Justicia. Eso lo vamos a seguir llevando adelante porque hay muchas cosas que implementar para democratizar la Justicia”.
Para la Corte, la única forma posible de reformar el Consejo de la Magistratura es a través de una reforma constitucional. En ese punto, Garrigós de Rébori no está de acuerdo: “Yo creo que no es la única forma de reformar el Consejo de la Magistratura, pero la Corte dice eso y tiene la última palabra”.
—¿De qué otra forma, entonces?
—Yo creo que esta ley funcionaba, era buena. Pero la modificación del Consejo de la Magistratura, si bien era una excelente idea, no era la única posibilidad para la democratización. Nosotros vamos hacia el control de gestión y la publicidad. La publicidad es lo que va a abrir la corporación judicial y va a permitir mostrar lo que pasa al interior.
La jueza Garrigós de Rébori planteó como prioridad un mayor control de la actividad de sus pares: “Los jueces no rendimos cuentas, ni entre nosotros ni hacia afuera. Si nosotros tenemos la obligación de publicar diariamente la lista de causas, la gente va a poder saber quién trabaja y quién no y con qué rapidez se trabaja. Si además tenemos que publicar las sentencias que dictamos, la gente va a poder controlar la calidad de los fallos”.
Además, la magistrada señaló que “las leyes que aprobó el Congreso en el marco de la democratización de la Justicia todavía están pendientes”. Y agregó: “El ingreso irrestricto al Poder Judicial está pendiente. Según la ley, hasta marzo del año que viene no habría que llamar a concurso. Entonces toda la gente que esté entrando desde ahora hasta marzo está en una precariedad notable si tenemos en cuenta que estamos hablando del Poder Judicial y no de una empresa privada. Pero esto no es novedad porque en la Justicia hay mucha precariedad y hay mucha gente que está contratada y no tiene estabilidad laboral”.
Otra materia pendiente, según Garrigós de Rébori, es “la publicación de todas las sentencias, todavía no se ha llevado a cabo a pesar de que la ley está vigente”.
“Los Tribunales estamos mandando las resoluciones al CIJ (Centro de Información Judicial) el día que se firman pero no se publican”, dijo la jueza.
Debate en Santa Fe
El ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, se reunirá hoy con los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar el debate en torno a la posibilidad de regular, por ley, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura provincial, que actualmente rige por decreto del Ejecutivo.
En la Cámara baja hay tres proyectos que persiguen el mismo objetivo: uno del presidente del cuerpo, Luis Rubeo, otro del diputado Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y otro del bloque 100% Santafesino, conformado por Marcela Aeberhard, Germán Khalow y Darío Vega.
La visita de Lewis a la Legislatura será la primera de una serie en la que están incluidos representantes de los colegios de abogados y de magistrados de la provincia, de las facultades de Derecho y miembros de de la Corte Suprema de Justicia.
