Un prestamista santafesino identficado como Gonzalo Rodrigo P. fue imputado por la Justicia provincial en el marco de una investigación que lo involucra en episodios de extrema violencia y extorsión contra un hombre al que le había otorgado un préstamo informal por un monto de 300 mil pesos. La medida fue impulsada por la fiscal Gabriela Arri, quien le atribuyó formalmente la autoría de los delitos de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma y usura.
La detención del sospechoso se concretó durante un allanamiento llevado a cabo el pasado 22 de octubre en una vivienda situada en calle Ruperto Godoy al 2000, en la ciudad de Santa Fe. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional IV. En el inmueble, las fuerzas de seguridad secuestraron tres teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego, elementos clave para la causa.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, los hechos más graves tuvieron lugar la tarde del pasado 26 de septiembre. En esa oportunidad, el imputado citó a la víctima a su domicilio de Ruperto Godoy al 2000, donde lo atacó a golpes y lo amenazó verbalmente. Según la denuncia judicial, mientras agredía al deudor para imponerle un incremento abusivo en los montos exigidos tras más de un año de hostigamiento, el prestamista le recriminaba: “¿Querés que te meta un cañazo?”. Asimismo, amedrentó al afectado advirtiéndole que la deuda debía saldarse a toda costa: “Me pagás vos, tu mamá o tu papá, pero me pagás”.
Tras formalizarse la imputación este martes, la fiscalía solicitó una nueva audiencia judicial para requerir la prisión preventiva del acusado, la cual se fijó para el próximo jueves en los tribunales locales.
Aun cuando el expediente judicial aborda un hecho individual de violencia e intimidación, el episodio pone de manifiesto una coyuntura económica delicada a nivel nacional. El caso se produce en un escenario signado por un marcado estrés financiero en los hogares, donde la tasa de morosidad bancaria por familia alcanza el 13%, el registro más alto reportado en los últimos 20 años en el país.
