Tres empleados municipales de Cañada de Gómez fueron imputados como coautores de defraudación contra la administración pública, acusados de participar en una maniobra que habría desviado más de 76 millones de pesos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones hacia sus propias cuentas bancarias.
Según la investigación, los movimientos irregulares se realizaron entre noviembre de 2025 y junio de 2026, mediante la simulación de pagos a jubilados fallecidos, beneficiarios inexistentes y personas ajenas al sistema previsional. La principal acusada, quien estaba a cargo de la Caja, habría desviado más de $25 millones, mientras que los otros dos empleados habrían recibido transferencias por más de $24 y $27 millones, respectivamente.
El caso salió a la luz en junio, tras una auditoría interna que detectó irregularidades en el circuito de pagos. A partir de ello, el Municipio apartó a los agentes de sus funciones, inició actuaciones administrativas y presentó una denuncia penal.
Por decisión del juez Álvaro Campos, los tres imputados continuarán el proceso en libertad, aunque deberán cumplir medidas restrictivas durante 90 días, entre ellas presentarse mensualmente ante la Justicia, fijar domicilio y no salir del país sin autorización.
