Un gravísimo caso de violación a la intimidad sacude a la ciudad de Rafaela, donde tres empleadas de un local de comida rápida denunciaron penalmente a su empleador tras descubrir que había colocado una cámara oculta en el baño del personal.
El acusado, un comerciante de 52 años, ya fue formalmente imputado en la causa judicial, mientras que personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo una serie de allanamientos y operativos en los que secuestró el dispositivo espía, tarjetas de memoria, equipos informáticos y el teléfono celular del sospechoso para someterlos a peritajes técnicos.
El aberrante episodio salió a la luz gracias a la perspicacia de una de las trabajadoras. Según consta en la denuncia, la empleada comenzó a sospechar al advertir accidentalmente en el teléfono celular del comerciante imágenes de una mujer en el interior del sanitario. Tras percatarse de esto, decidió apagar las luces del baño y utilizar la cámara de su propio teléfono celular para barrer el espacio con el flash, logrando detectar un minúsculo dispositivo de grabación camuflado estratégicamente entre unas lámparas de iluminación.
Inmediatamente, la joven alertó a sus compañeras y decidieron dar aviso a las fuerzas de seguridad, lo que activó la intervención del Ministerio Público de la Acusación.
Temor y pedido de justicia
Con el avance de la investigación, las denunciantes manifestaron su profunda consternación e indignación, no solo por el atentado contra su privacidad, sino porque el sanitario también era utilizado habitualmente por sus hijas menores de edad.
De acuerdo con el testimonio de una de las trabajadoras, tras ser descubierto, el comerciante intentó justificar su accionar, les pidió perdón y hasta les habría ofrecido dinero para intentar contener la situación. Según relató la víctima, el acusado intentó minimizar los hechos argumentando que en los registros fílmicos solo se las alcanzaba a ver de la cintura para abajo.
Sin embargo, las tres mujeres exigen que la Justicia actúe con todo el rigor de la ley y que los peritajes informáticos esclarezcan la magnitud del caso. “Queremos saber realmente qué es lo que contiene ese teléfono, qué es lo que él hacía con esas imágenes”, expresaron con indignación, pidiendo que se determine el alcance real de las grabaciones clandestinas y si el material era difundido o comercializado.
