Un par de horas después de la visita de Sergio Schoklender al Congreso, el ministro de Planificación, Julio De Vido, detalló el mecanismo que utilizaba el exapoderado de la Fundación de Madres de Plaza de mayo para concretar presuntas operaciones fraudulentas.
Según De Vido, la bicicleta financiera de Schoklender consistía en utilizar los fondos públicos que el Gobierno nacional destinaba a planes de viviendas sociales administrados por Madres para tapar «agujeros financieros» con acreedores externos, abiertos por inversiones y movimientos de dinero ajenos a la actividad de la asociación.
«La situación estalló porque Schoklender estafó a las Madres de Plaza de Mayo y no específicamente al Estado argentino», contó al explicar la supuesta metodología fraudulenta, y adjudicó que su «ira contra (el secretario de Obras Públicas) José López» es por ser ese funcionario el responsable de dejar en evidencia sus «agujeros financieros».
El circuito del dinero comenzaba cuando a Sueños Compartidos, el sello de Madres para levantar las casas, le aprobaban un proyecto inmobiliario en un municipio bonaerense o del Interior. Para iniciar las obras, el Gobierno nacional giraba los fondos a las intendencias, que también se ocupaban de monitorear el ritmo de la construcción, y las intendencias a Madres. Con los anticipos se montaban los obradores y se compraban los primeros materiales, además de pagar sueldos a los cooperativistas que participaban de la edificación. A medida que la obra avanzaba, se giraba más dinero. Sin embargo, según denunció De Vido y se investiga en la Justicia, Schoklender habría derivado esos fondos para otros fines prometiendo pagos, que luego supliría con otros anticipos de nuevos proyectos en otros municipios.
Un ejemplo de la bicicleta financiera de Schoklender es Tartagal. En agosto pasado, un grupo de trabajadores de cooperativas de viviendas contratados por Madres ocupó durante varios días un terreno sin desmalezar y rodeado por caminos de tierra, donde está previsto la construcción de 300 casas para los afectados por el alud de 2009. El abogado Sergio Heredia, representante legal de los ocupas, reveló en ese momento que el lote llegó a posesión Madres tras la firma de un convenio entre el intendente local, Sergio Leavy, y Schoklender, por 40 millones de pesos. En total, se habían planificado la construcción de 1.000 hogares. Heredia asegura que por ese proyecto, el gobierno nacional giró 12 millones de pesos de «adelanto financiero». El plan nunca se concretó.
«Si hubiéramos hecho las viviendas en Tartagal, Schoklender hubiera usado ese anticipo para tapar los agujeros financieros que él tenía con proveedores y demás. Pero las obras estaban en un avance físico absolutamente correcto, y además controladas por las jurisdicciones correspondientes», explicó De Vido.
El responsable de la obra pública en el Gobierno también aclaró que cuando se detectó la maniobra cortaron las riendas para proteger las iniciativas y a los empleados de Sueños Compartidos. «Cuando nosotros no seguimos avanzando en aras de salvaguardar el ritmo de los trabajos, ahí es donde se pone en evidencia el fraude y el desfalco que él había cometido con las Madres. Por eso toda la andanada de insultos que le hace a López, que es una persona absolutamente honesta y confiable», sostuvo el ministro.
Además, De Vido cuestionó el comportamiento de la oposición en la Cámara de Diputados por invitarlo para escuchar su versión. En declaraciones televisivas, el ministro afirmó que la convocatoria se trató de una «pretendida intromisión del Congreso en otro poder que es el de la Justicia», y subrayó que «si un juez o una Cámara está procediendo mal, tienen herramientas correctivas para poder enderezar la situación».
Para De Vido, la presencia de Schoklender ante diputados de la oposición se trató de una «operación mediática» en contra de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y en particular en contra de su titular Hebe de Bonafini, y remarcó la necesidad de «ser respetuosos de la justicia y la independencia de poderes».
