A 40 años del Robo a Tribunales: de qué se trató el golpe comando del Ejército apenas volvió la democracia

Todavía no se había cumplido ni un año del regreso de la democracia en Argentina cuando Rosario recibió un golpe que confirmaría que las Fuerzas Armadas seguían operativas: la madrugada del 8 de octubre de 1984 un grupo de militares ingresó a los Tribunales Provinciales (Balcarce entre Montevideo y Pellegrini) y se robó cientos de documentos que constituían prueba fundamental para juzgar los crímenes que el Estado había cometido durante la última dictadura, entre 1976 y 1983.

Se trató de una Operación Especial de Inteligencia planificada y ejecutada por personal militar del Destacamento de Inteligencia 121. La primera vez que la Justicia dictaminó responsabilidades fue recién 39 años después: en abril de 2023, mediante un juicio abreviado, se condenó a Héctor Fructuoso Funes, quien era jefe de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército. Fue sentenciado a cuatro años de prisión por el Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario.

La causa sigue abierta, se busca determinar a los autores materiales del robo. A Funes se le atribuyó la inteligencia previa y el planeamiento del golpe comando.

Hacia octubre de 1984 ya se había constituido en Rosario la sede de la Conadep (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) que había ordenado el entonces presidente Raúl Alfonsín. En el Centro Cultural Bernardino Rivadavia (en la Plaza Montenegro, donde ahora funciona Cultural Fontanarrosa) se recepcionaban todos los días cientos de denuncias.

Gran parte del material que daba cuenta de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura fueron robados esa noche: había municiones, armas y documentación, como fotos y fichas.

Por esos días justamente el juez Francisco Martínez Fermoselle estaba realizando una serie de allanamientos en el marco de las incipientes investigaciones contra los militares y cómplices de la dictadura.

Era un trabajo fundamental para poder juzgar a Agustín Feced, que fue jefe de policía de Rosario durante la dictadura. El represor comandaba una patota de civiles y uniformados que operaba en el ex Servicio de Informaciones y que se dedicaba a secuestrar, torturar y asesinar personas.

Esos documentos robados tenían información clave sobre el destino de muchos desaparecidos así como datos sobre las casas operativas como centros clandestinos, centros de vigilancia y material que podía servir para inculpar a represores. Nunca fueron encontrados ni hay datos sobre dónde podrían estar. El condenado, Fructuoso Funes, tampoco dio información: sigue el pacto de silencio que comparten la mayoría de los represores.

Adriana Arce fue una testigo privilegiada del hecho: la noche anterior al robo había participado, como víctima, de los allanamientos ordenados por el juez Francisco Martínez Fermoselle y vio las pilas de documentos guardadas en una sala de Tribunales. Su propio testimonio fue robado.

Ella había estado secuestrada durante la dictadura y cuando pasó esto se fue del país. Vivió en España, volvió a Argentina en 2004 y luego volvió a irse, esta vez a Marruecos. Siempre se dedicó al trabajo por los derechos humanos. Estuvo presente en Tribunales Federales el día que se anunció a la prensa la condena contra Héctor Fructuoso Funes.

Hace cuarenta años, cada vez que la entrevistan, asegura que para ella ese material robado existe, que no fue destruido. Implora que es urgente encontrarlo.