A cinco años del femicidio de Guadalupe Medina, hubo justicia: dictaron perpetua para Vizcacha

A más de cinco años del femicidio de Guadalupe Medina, el único acusado, Sergio “Vizcacha” Saravia, fue condenado a prisión perpetua al cabo de un juicio oral que culminó este jueves. La niña de 12 años que vivía en un contexto de vulnerabilidad fue violada y asesinada la madrugada del 25 de mayo de 2016 en una casilla abandonada de Villa Banana. El caso tuvo un largo periplo judicial, ya que en un comienzo fueron imputados tres jóvenes que luego desvinculados. El resultado positivo de un cotejo de ADN en 2018, cuando la investigación parecía naufragar, fue la prueba contundente contra Vizcacha, hoy de 30 años, que por entonces ya estaba preso, condenado por otro ultraje sexual. La querella calificó el accionar del condenado como “la máxima expresión de la violencia machista. Guadalupe fue violada y ahorcada hasta la muerte por un hombre que la usó como un objeto».

El caso Guadalupe provocó conmoción en el otoño de 2016. La niña fue hallada ferozmente abusada, golpeada y asesinada en una casilla precaria ubicada en Lima al 2900, en pleno corazón de Villa Banana. Entonces, un testigo había dicho que esa madrugada vio a la víctima hablando con tres jóvenes integrantes de la Banda de Pandu en la puerta de la casilla donde se encontró el cuerpo ultrajado. Por esos años, Pandu era considerado uno de los cabecillas de un grupo dedicado al narcomenudeo y la violencia territorial en ese sector del oeste.

Al poco tiempo había tres sospechosos imputados, uno en el juzgado de menores. La mala fama, un peritaje sobre una campera y los testimonios habían operado como punta de una investigación que con el paso de los meses parecía encontrarse en un callejón sin salida. Los acusados –Chueco, Wititi y Francisco– desde un principio negaron su responsabilidad y se sometieron a un cotejo de ADN que dio negativo.

En enero de 2017, entre tanto, una mujer sufrió la intrusión de un hombre en su casa de Gutenberg al 2600, donde fue abusada sexualmente frente a un hijo y sobrino, a quienes ató y robó.

El agresor resultó ser un vecino, el Vizcacha, que se mantuvo prófugo durante 20 días hasta que lo detuvieron. Una de las evidencias objetivas más importantes de este caso fue el material genético que se obtuvo del cuerpo de la víctima y fue cotejado con la muestra que se le extrajo al imputado: dio positivo. Vizcacha terminó aceptado un procedimiento abreviado, en el que se responsabilizó por el hecho y fue condenado a 9 años de prisión por la violación y robo.

La querellante de ese caso era la abogada Martina Guirado, que en ese entonces era parte del Centro de Asistencia Judicial (CAJ). Guirado, que también representaba a la familia de Guadalupe en su causa, advirtió que había varias similitudes en la mecánica del hecho -también ahorcó a aquella víctima, que terminó desmayada-, la zona y su apodo. Cuando se solicitó el cotejo del perfil genético, en el caso de la niña, el resultado fue positivo contra Saravia. En diciembre de 2018 Saravia fue imputado como el único sospechoso.

La semana pasado el fiscal Alejandro Ferlazzo había abierto el debate que presidió el tribunal integrado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Rodolfo Zvala e Ismael Manfrin. «Traemos a juicio un nuevo hecho aberrante cometido por Saravia, apodado Vizcacha. Un abuso sexual igual al que ya lo tiene condenado. Las diferencias tienen que ver con que aquí la víctima es una niña de 12 años, que en el ataque encontró la muerte. Fue por asfixia, es decir que la mató con sus propias manos», dijo el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Además, les expuso a los jueces que «Guadalupe nació en un entorno vulnerable, en un ámbito lleno de carencias, no solo materiales». Y aseguró que «esa situación de vulnerabilidad fue la que le permitió a Saravia cometer el hecho», en una edificación de ladrillo hueco y piso de tierra, sin techo ni aberturas, publicó Rosario12.

Los querellantes Jorge Haurigot y Valentín Hereñú, del (CAJ), llevaron perspectiva de género al caso y pidieron pena por el delito de femicidio. Ferlazzo aceptó encuadrar el hecho bajo esa figura penal pero subsidiariamente (y con la misma pena) planteó el delito de abuso seguido de muerte.

A una semana de comenzado el debate oral, el tribunal dictó el fallo por bajo la calificación penal abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte en concurso ideal con femicidio. La pena, tal cual pidió la Fiscalía, es de prisión perpetua.